Ni siquiera ha tomado posesión del cargo, y la independencia de la próxima fiscal general de la República sufre ya amenazas, amenazas que no provienen de la Presidencia de la República ni de entidad alguna del Estado, como podría pensarse, sino de un tipo de prensa que la previene amenazante y le recuerda que se encontrará entre el linchamiento y el halago: El agua derramada ya no se recoge…Dice esta prensa preocuparse por la independencia de la nueva fiscal general, pero pasa por alto que esa independencia no se limita tan solo a la que debe preservar del Presidente, sino de todos.
La amenaza que se vierte es muy clara y elocuente: que los medios de comunicación independientes estarán atentos al desempeño de la nueva fiscal general, a lo que se añade, previniéndola, que sería muy penoso para la culminación de su carrera y de su propio prestigio que algunos procesos vinieran a sufrir retroceso o se eliminen, supremo juez la prensa (y –corrijo– este tipo de prensa) del desempeño de la próxima fiscal general y de la determinación de cuáles son esos “algunos procesos” que no admiten “eliminación” ni “retroceso”, términos, por cierto, que no son jurídicos.
¿Por eliminación habríamos de entender sobreseimiento?
¿Por retroceso, la imposibilidad de pedir absolución, aunque llegue a hacerse obvia la inocencia?
Para buen entendedor pocas palabras, y, así, debe quedarle claro a la nueva funcionaria que si no son del gusto de esa prensa, lo que ocurra podrá ser, a cántaros, el agua que venga a derramarse… La amenaza de los “periodicazos”, de las primeras planas y de los comentarios y noticias, cuando escandalosos y sesgados, atenta contra la independencia de la fiscal general, y lo hace desde ahora: desde antes de que esta asuma el cargo. Nada dice esta prensa que se dice independiente,
¿independiente de quién?, de los monopolios, por ejemplo, prohibidos estos por mandato constitucional expreso, artículo 130 de la Constitución, sea cual sea su forma, y sea cual sea su materia.
Nada dice, en absoluto, sobre el peligro de que estos la presionen, infractores de la Ley –nunca perseguidos– o del peligro de que sea presionada –cinco cartelones de por medio, agua que tampoco se recoge por grupos que se arrogan representaciones que no tienen.
¿Sería un retroceso que el Ministerio Público diera un paso atrás e, incluso, que llegase a eliminar persecución alguna en aquellos casos en que se persiguen hechos que no son constitutivos de delito ni de falta, sino de infracciones administrativas que deben perseguirse y castigarse –sí– pero solamente tras el debido proceso y por la Contraloría General de Cuentas?
¿Corregir un error, es retroceso?
¿Retroceso dejar de ver delito o falta, donde nunca los hubo?
¿Retroceso conocer el Derecho Civil como debiera conocerlo todo penalista (quien no sabe Derecho Civil, no sabe Derecho) y evaluar y comprender lo que es una simulación civil y sus civiles consecuencias?
¿Retroceso acaso, conocer el Derecho Administrativo y reconocer las infracciones que se dan en el ámbito de su giro pero que no llegan a constituir ni falta ni delito?
¿Retroceso corregir el error que nunca debió darse y que nos ha hecho tanto daño, error que vino a comprometer la lucha que debía y que debe librarse contra la corrupción para satisfacer la voracidad mediática y las tentaciones del ego?
¿Retroceso conocer el Derecho Penal –no el mediático y con sesgos– y comprender, así, que sin defraudación del patrimonio del Estado no puede existir el delito de fraude?
¿Qué si lo que se quiso comprar fue lo recibido, y su contraprestación, lo pagado, no puede darse defraudación alguna?
¿Retroceso corregir errores y preocuparse un tanto menos por la prisión preventiva –los brazaletes más que suficiente– y un tanto más por las condenas?
¿Menos por lo que apantalla –la detención de todo un gabinete– y más por lo que importa, el seguimiento del dinero?
¿Dónde está –esta es la clave– y quién lo tiene?
(En lenguaje popular, la preocupación que debe darse por el debido seguimiento del pisto). La fiscal general, María Consuelo Porras Argueta –antes de asumir el cargo– ya es objeto de amenazas. Si hace lo que cierta prensa exige, se le colmará de halagos, pero si no atiende este clamor, lo desatiende y hace lo correcto, será vilipendiada. Menos mal que las uñas se han sacado ya, antes de tiempo, lo que permite que la fiscal general, desde ya, pueda aquilatarlas, tal y como aquilatar, de igual manera, las preguntas cargadas “¿Seguirá usted colaborando con la CICIG?”, cuando no es ella quien tiene que colaborar con la CICIG, sino la CICIG colaborar con ella: La CICIG, la coadyuvante, para eso constituida.
Hubo cierta prensa que calló ante los tiranos (la tragedia de la Embajada de España tuvo su origen en este silencio –tal la versión, al menos, de quienes decidieron la perpetración de delitos– gravísimos delitos, sin consideración alguna por el ser humano para poder ser escuchados) y que es la misma que se erige en verdugo de demócratas, el Presidente sujeto a las leyes y a las decisiones judiciales –sufridas incluso en carne propia– sin injerencia alguna de su parte, ni en las tareas de la acusación, ni en las de magistrados y jueces.
¿Será retroceso, en la persecución penal, la búsqueda del comiso como pena accesoria; es decir, la pérdida de todos los instrumentos del delito a favor del Estado, incluidos los créditos e inversiones, de entidades que fueron debidamente prevenidas de la ilegalidad que financiaban?
¿Retroceso, acaso, mejorar lo que se ha hecho, despolitizar la acusación penal y comportarse más la acusación como el FBI, más eficiente y menos mediática?
¿Retroceso desenmascarar colaboradores “ineficaces” que mienten y que perjudican la credibilidad de los colaboradores eficaces que dicen la verdad?
¿Retroceso el uso, inusual hasta ahora, de la conversión, del criterio de oportunidad, del procedimiento abreviado y de la suspensión condicionada de la persecución penal?
¿Retroceso el uso de las entregas vigiladas y de los agentes encubiertos, hasta hoy sin resultados?
¿Retroceso la no promoción de la prisión preventiva para aparentar una eficiencia que no existe, limitado su uso a los casos ordenados por la Ley?
¿Retroceso preocuparse porque, al final de cuentas, no llegó a mejorarse la recaudación aduanera?
¿Retroceso, acaso, evitar que en el futuro se vuelvan a producir procesos nulos?
¿Sentencias que se anulan?
La próxima fiscal general ha sido recibida con amenaza, clara y terminante, y habrá de encontrarse entre el linchamiento y el halago. Sean nuestros votos porque sepa conservase INDEPENDIENTE, INDEPENDIENTE DE TODOS, firme en la prosecución de los aciertos –los hay y muchos– pero, también, en la corrección de los errores, también muchos, so pena que, de no hacerlo así, podría llegar a incurrir en complicidad o encubrimiento, instigada –amenazada– a que lo haga. En el límite de nuestras posibilidades debemos coadyuvar todos a su absoluta independencia, LA INDEPENDENCIA DE TODOS, sujeta, única y exclusivamente, y en ese orden, a la Constitución y demás leyes.
