Podrían aparecer entidades e incluso personas individuales dispuestas a realizar su propia campaña de divulgación cívica con respecto a los derechos territoriales, insulares y marítimos de Guatemala en lo referente a Belice y cuyo reclamo legal se haría a través de un juicio de Derecho que promoveríamos ante la Corte Internacional de Justicia, pero se correría el riesgo de que cada cual lo hiciera “a la libre”, en algunos casos, quizá, con acierto, pero en otros, con error, torpeza o, incluso, mal intencionados.
La promoción del sí y el no puede provenir de cualquiera pero, la campaña de divulgación cívica debe hacerla el Estado con sus propios recursos y bienes y, si recibiere donaciones, sin que estas condicionen de forma alguna la información o la forma de presentarla.
El Tribunal Supremo Electoral, con muy buen criterio, prohibió el uso de recursos y bienes estatales para promocionar el sí o el no, lo cual es correcto pero, en lo que podríamos entender como un exceso de celo, prohibió, también, el uso de recursos y bienes del Estado para la campaña de divulgación cívica, campaña esta que se hace imperativa y que resulta necesario y obligatorio que la haga el Estado.
¿El sector privado, haciendo la campaña de divulgación cívica? ¿CACIF? ¿FUNDESA? ¿Oenegés, financiadas internacionalmente? ¿Partidos Políticos? ¿Otros Estados?
La campaña de divulgación cívica debe hacerla el Estado y debe hacerla con sus recursos y bienes y con donaciones y apoyos de todo tipo pero que no condicionen el contenido de la información, ni la forma de hacerla.
Unidos, todos, sí, para apoyarla.
Por otra parte, obligado está el Estado a compartir con los ciudadanos las razones que le llevaron a acordar con Belice que cualquier reclamo legal de Guatemala sobre territorios, islas y mar, se lleve al conocimiento de la Corte Internacional de Justicia para que sea este tribunal quien pronuncie la solución definitiva.
Es obvio que el Estado, nuestras autoridades, llegaron a ese acuerdo que será sometido a la aprobación de nuestro pueblo porque consideraron correcto lo propuesto y obligado está a decirlo y defender lo decidido, compartiendo con el ciudadano todas los caminos recorridos y las vicisitudes habidas hasta lograrlo, dejando la decisión final de acudir o no a la Corte en manos de todos los guatemaltecos llamados en la Consulta Popular a decidirlo.
La información que proporcione el Estado puede y debe ser neutra pero eso no quiere decir que no explique su propia posición y las razones que lo llevaron a acordar lo convenido, siendo –en su concepto– dentro de lo posible, lo que mejor se podía hacer y se hizo.
Información neutra, pero completa, incluidas todas las razones por las que el Estado estima, a través de sus autoridades que es importante llevar nuestro reclamo territorial, insular y marítimo a una solución final y que someterlo al juicio de Derecho que se propone es una vía correcta para hacerlo y la única en la que las dos partes convenimos.
No pueden ser tibias las autoridades de Guatemala como tampoco las autoridades de Belice: La decisión final para ir a la Corte o no, en manos nuestros pueblos, pero debidamente explicadas las razones por las cuales –unas y otras autoridades– llegaron a la solución que se propone.
Que el recuerdo de Don Alberto Herrarte inspire la divulgación cívica que nos ha faltado y que se impone.
