Por: Claudia de Del Águila
Esta semana participé en un evento organizado por el Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y USAID. Este Observatorio se creó en 2016 como centro de investigación de la UVG, y tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de la sociedad civil, el Gobierno de Guatemala y actores comunitarios, para fortalecer su involucramiento en el ámbito nacional, promover políticas públicas y programas basados en evidencia que promuevan el desarrollo económico y social sostenible.
En dicho evento, el Observatorio de Competitividad del Sector Exportador de Agexport, el Observatorio Económico Sostenible, la Asociación de Gerentes de Guatemala, la Cámara del Agro, el Ministerio de Ambiente y el Programa Nacional de Competitividad signaron su compromiso para unificar visiones y articular esfuerzos encaminados a contar con un desarrollo económico sostenible, a través de impulsar políticas que hagan de Guatemala y de sus ciudadanos un país más competitivo que promueva la innovación y la actividad económica, para contar con más oportunidades de inversión, empleo y desarrollo social y económico.
Esta iniciativa, encabezada por la academia, en este caso, por la Universidad del Valle de Guatemala, reviste especial importancia. Por un lado, por el rol de la academia en la investigación y formación de recurso humano acorde a lo que el país necesita, y por otra parte, porque la unión de esfuerzos entre el sector académico, privado y Gobierno permitirá intercambiar visiones y opiniones para impulsar los programas y políticas públicas que el país necesita para ser más competitivo y generar mejores oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos.
Es inminente que Guatemala mejore en sus índices de competitividad y el clima de negocios para que se den más inversiones productivas, crecimiento económico y más empleos formales. Facilitar la formalización y simplificar los trámites son aspectos importantes a impulsar, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas que día a día enfrentan obstáculos para sus negocios.
El Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad -Pronacom- elaboraron la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, la cual fue publicada este mes. Esta política contempla 11 prioridades, 11 sectores y 9 territorios.
A nivel de prioridades, se busca crear mejores condiciones, crear un entorno de confianza y agilizar procesos. En cuanto a los sectores o clúster, los objetivos son reducir costos de producción y transacción, crear nuevos negocios y mejorar los insumos y productos, y en lo que se refiere a territorios se pretende aprovechar ventajas comparativas e impulsar la descentralización y búsqueda de nuevos mercados.
Esta alianza de instituciones con el Observatorio Económico Sostenible puede convertirse en el observador y dar seguimiento a que los lineamientos y acciones planteadas en la Política Nacional de Competitividad se implementen.
