Existe una serie de elementos que cooperan para que una comunidad sea insegura, algo que coincide con la definición de seguridad la cual pasó, desde hace años, de tener un enfoque meramente de orden público a tener una perspectiva multidimensional. Dentro de esos factores se encuentra el aspecto urbano; escuelas en lugares y construcciones inadecuadas, accesos peatonales con cientos de gradas que las personas suben y bajan todos los días, sin posibilidad de que automóvil u otro vehículo pueda ingresar. En Latinoamérica tenemos diversos ejemplos de ese tipo de comunidades, de hecho según la fundación Habitat de las Naciones Unidas, 113.4 millones de personas viven en asentamientos. No obstante, a partir de las políticas públicas y planes de gobierno central y local, cada país realiza esfuerzos para mejorar el problema histórico y estructural, donde cada vez se le da más espacio a prevenir la violencia y el delito. Por ello me llamó la atención de lo que sucede en una zona llamada Comuna 13 en Medellín, Colombia. Apenas dos décadas atrás la Comuna 13 era considerada uno de los territorios más peligrosos de Colombia y del mundo, caracterizado por enfrentamientos entre pandillas y grupos armados en disputa del negocio de las drogas y tráfico de armas. Sin embargo, la ciudad se ha convertido en uno de los sitios turísticos más importantes de Medellín, de hecho, la ciudad ha sufrido una considerable transformación en los últimos años. Esa situación está permitiendo la generación de recursos financieros, para iniciativas locales en contra de la violencia. ¿Cómo lo están logrando? Escribiré sobre ello en la próxima oportunidad.