El 3 de junio recién pasado, el volcán de Fuego hizo erupción. Las comunidades ubicadas en sus faldas fueron arrasadas por flujos piroclásticos que viajaban aproximadamente a 200 km por hora. El saldo, según datos oficiales, 1 millón 117 mil 170 personas afectadas, 12 mil 575, evacuadas; 4 mil 474, albergadas; 110, fallecidas, y 197, desaparecidas (datos al 11 de junio de 2018).
Múltiples estudios nacionales e internacionales han demostrado que los desastres impactan de manera diferenciada a mujeres y hombres, como producto de las brechas de inequidad existentes y de la desigualdad y exclusión extremas, en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas. Guatemala cuenta con un marco legal y operativo robusto en materia de gestión de riesgo. Los principales desafíos, como en todos los ámbitos de gobierno, están planteados respecto de las acciones para garantizar la institucionalización de una cultura de gestión de riesgos, en el conjunto de acciones de política pública para el desarrollo humano sostenible y con equidad. En el país necesitamos avanzar en marcos conceptuales que nos permitan entender, desde la gestión pública, pero también, cuáles son las determinantes asociadas a la asignación de roles para ambos sexos, que construyen y consolidan social, económica, política y culturalmente las desigualdades y las brechas de inequidad, responsables de los desastres. El enfoque de gestión de riesgo, así como el de equidad entre hombres y mujeres, son ejes transversales para el desarrollo, tal y como lo reconoce el Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032. Hace falta incorporarlo instrumentalmente en el conjunto de mecanismos y acciones de política pública a todos los niveles, y en todo el territorio. Para ello necesitamos conocer más y mejor la situación de las mujeres de los distintos segmentos poblacionales, así como su posición en el conjunto de jerarquías sociales.
Con ello, podremos construir y precisar, de manera más eficiente, políticas y acciones de protección social, que les provean de un piso básico de oportunidades, de manera que puedan construir medios de vida resilientes y sostenibles, donde ellas sean partícipes de decisiones al más alto nivel y portadoras de acciones del poder público.
