Eso requiere del compromiso ético del funcionariado público, que debe enfocarse en transformar las condiciones estructurales de la discriminación de todos los grupos.
En países como Guatemala, en los que la discriminación contra las mujeres ha provocado tantas y variadas postergaciones para su desarrollo y el de toda la sociedad, existe el riesgo de que, en las acciones de política pública, nos gane el corto plazo.
Resolver el día a día, reaccionar a las coyunturas políticas y enfrentar las demandas cotidianas es importante; sin embargo, no es estratégico.
Y no lo es porque si seguimos haciendo más de lo mismo obtendremos los mismos resultados que, para el caso de los indicadores de desarrollo de las mujeres, evidencian retrocesos graves en todos los ámbitos.
Construir un equilibrio entre toda esa cotidianidad y los procesos estratégicos, para poder transformar de forma estructural las condiciones de inequidad y desigualdad que vivimos las mujeres, es el mayor desafío.
Eso requiere del compromiso ético del funcionariado público, que debe enfocarse en transformar las condiciones estructurales de la discriminación de todos los grupos vulnerabilizados. Requiere de que este funcionariado tenga conocimientos sólidos, profesionales y técnicos, para acompañar ese desempeño en las instituciones del Estado y de su apertura al análisis prospectivo y a procesos de planificación y formulación de directrices para todo el ciclo de implementación de políticas, hacia la equidad y la igualdad.
Remontar el corto plazo también implica el compromiso político de alto nivel, en correspondencia con un actuar desde sociedad civil, que esté dispuesto a imaginar el futuro y a comprometerse en una sola fuerza para el avance de los derechos de todas las mujeres.
