En una extensa jornada de votación, el pleno del Congreso de la República eligió anoche a los 156 magistrados titulares de las 52 Cortes de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría en el ámbito nacional, período 2024-2029.
Al final de la designación, diputados y analistas compartieron su perspectiva. Los legisladores consultados coincidieron que se realizó un ejercicio democrático, mientras que dos analistas y autoridades indígenas lamentaron que profesionales capaces hayan quedado fuera de las votaciones y esperan que los elegidos demuestren que están comprometidos con el país.
Los nuevos togados fueron seleccionados de un listado de 312 aspirantes, presentado al Legislativo por la Comisión de Postulación, liderada por Raúl Arévalo. Para ser electos, los profesionales debían obtener al menos 81 votos.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, destacó la transparencia del proceso, y desestimó las especulaciones sobre posibles alianzas entre bloques legislativos para apoyar a determinados candidatos. “No veo ninguna alianza, lo que veo son diversos bloques tratando de encontrar consensos. Veo un ejercicio democrático, público y transparente”, declaró Ramos.
Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla, calificó la elección como un avance hacia la independencia judicial.
“Estamos satisfechos con los resultados. Creo que vamos a tener Salas de Apelaciones independientes, sin presiones ni subordinaciones, lo cual es un gran resultado para el pueblo”, afirmó.
Que cumplan con su deber
Pedro Raymundo Cedillo, de la Alcaldía Indígena Maya Ixil, hizo un llamado a los electos para que cumplan con su deber de defender el orden constitucional y el Estado de derecho. Cedillo recalcó que el poder conferido es representativo del voto ciudadano, y advirtió que cualquier mal uso de este será recordado en futuras elecciones.
Las Cortes de Apelaciones desempeñan una importante función dentro del proceso judicial, ya que tienen la responsabilidad de revisar las decisiones judiciales emitidas por los tribunales de primera instancia y garantizar el derecho a recurrir de las partes en el proceso legal. Este rol es clave para asegurar que se respeten las garantías procesales y que se haga justicia en casos donde las decisiones de primera instancia puedan ser erróneas o incompletas.
Preocupaciones
“Vemos con cierta preocupación que se descartó a muchos buenos perfiles que esperábamos hubieran tenido una mejor evaluación y resultado” y pasaron “una gran cantidad de personas que, por lo menos, son muy desconocidos”, aseguró Marielos Fuentes, de Guatemala Visible.
Luego remarcó: “Será de esperar que sean los propios magistrados los que demuestren que eran las mejores personas para estos cargos”.
En términos similares se pronunció Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia. “Esta votación confirma que la alianza política que dominó el país desde 2017 hasta enero de 2024, y que usualmente se le llama pacto de corruptos, está más viva que nunca”, aseguró Ibarra.
“Creo que pudieron haber hecho una mejor elección de la que hicieron”, concluyó Ibarra. Al cierre de esta información, los parlamentarios votaban por los magistrados suplentes de estas Cortes.
Finaliza cuarta visita de observación
La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que vigila y verifica la elección de Cortes en Guatemala, culminó ayer su cuarta visita al país, en coincidencia con el final del proceso.
Los tres integrantes de la instancia de la OEA ya dejaron esta nación, según un comunicado del ente regional, en el que instaron al Congreso a elegir con responsabilidad a los magistrados de las Cortes de Apelaciones (CA).
La misión, por medio de un informe preliminar, indicó el pasado 18 de septiembre que resultaba preocupante que las postuladora encargada de evaluar y seleccionar a los candidatos haya rechazado todos los señalamientos de corrupción presentados contra los aspirantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las CA.
La designación de jueces estuvo bajo la lupa internacional, debido a que las últimas dos elecciones, en 2014 y 2019, estuvieron manipuladas, de acuerdo con declaraciones y procesos judiciales.
