Las recientes acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) en torno a las comisiones de postulación para la elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA) han generado preocupación entre analistas y expertos, pues podrían complicar el proceso de renovación de las autoridades judiciales.
Edgar Ortiz, abogado y experto en temas constitucionales, señaló que el uso de pesquisas penales no es nuevo y podría tener un fin estratégico. “Pareciera ser que es un intento de presión, y no es la primera vez que el MP trata de influir en un proceso como este mediante investigaciones. Esto genera una muy mala sensación”, comentó Ortiz.
Por aparte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, considera que los motivos detrás de estas averiguaciones son sospechosos y carecen de fundamento. Según él, parecen orientadas a obstaculizar la conformación de las nuevas cortes, lo que representaría una amenaza para la estabilidad del país. “Es un atentado contra la conformación de un poder del Estado. No puede ser que el MP actúe sin ningún tipo de contrapeso y haga lo que quiera”, expresó.
Las declaraciones de los expertos surgen en el marco de la reciente solicitud del MP a la Comisión de Postulación para la CA, luego de que el aspirante excluido Luis Arturo Quiñonez Gil obtuviera un amparo provisional, lo que a criterio de la Fiscalía de Delitos Administrativos garantizaría su inclusión en el proceso.
Esta instancia sesionará mañana para conocer lo requerido por el ente investigador, que también solicitó al Congreso que envíe copia certificada del acta de toma de posesión del diputado Luis Aguirre, uno de los parlamentarios que está cabildeando la selección de los nuevos togados, ya que fue denunciado por violencia contra la mujer.
No obstante, los requerimientos hechos por el MP coinciden con recientes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), que anuló los amparos que obstaculizaban la renovación de las Cortes y ordenó al Legislativo proceder con la elección de magistrados sin dilaciones.
Ayer, el máximo tribunal declaró sin lugar la inconstitucionalidad presentada por el abogado Melkin Escobar Palma, quien buscaba extender el mandato de la CSJ más allá del 13 de octubre.
