La Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comenzó ayer a aplicar la tabla de gradación a la documentación de los más de 300 aspirantes que participan en el proceso. Según Miquel Cortés Bofill, presidente de la instancia, esta etapa es fundamental, ya que en ella se evalúan las cualidades académicas, profesionales y de proyección humana de cada candidato.
Para garantizar la transparencia en las valoraciones, se constituyeron 12 comités de evaluación, que tienen la tarea de revisar expedientes asignados al azar.
El mecanismo de evaluación se basa en una tabla aprobada en semanas anteriores, que otorga 24 puntos a los méritos académicos, 74 por la experiencia laboral y dos por la proyección humanística, mientras que los aspectos éticos no reciben ponderación directa.
La línea base para que los candidatos califiquen fue establecida en 73 puntos, aunque, según Cortés Bofill, superar esa puntuación no garantiza un lugar en el listado final, el cual será enviado al Congreso de la República antes del 23 de este mes.
Críticas y demandas
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, calificó de “mala” la tabla de gradación, y argumentó que otorga un peso “excesivo” a los méritos académicos. Explicó que en experiencias anteriores existieron problemas como plagios en tesis o doctorados de poca duración.
Desde la organización BeJust, enfocada en el fortalecimiento de las instituciones de justicia, se emitió una carta abierta en la que se exigió un proceso de selección transparente y abierto. Subrayaron la importancia de que los aspirantes no solo sean competentes, sino que también se comprometan con la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos.
Asimismo, la Convergencia por los Derechos Humanos presentó una petición para excluir a aquellos candidatos involucrados en actos de corrupción o que hayan obstaculizado la justicia y violado derechos fundamentales.
