Señalamientos y denuncias acerca de presiones y órdenes para bloquear el proceso de elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA) se conocieron ayer, antes y durante la sesión de la Comisión de Postulación a togados de la primera instancia.
Bajo la observación de la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los presidentes de ambos entes, Miquel Cortés y Raúl Arévalo, respectivamente, manifestaron su preocupación porque los obstáculos afectarían la transparencia del proceso.
El progreso de las comisiones está en riesgo debido a un presunto intento de bloqueo. Las agendas de ambos cuerpos colegiados están estancadas por la falta de acuerdos sobre la sede para las reuniones, lo cual preocupa a diversos sectores.
“Es necesario desentrampar las sesiones y adentrarse en temas modulares”. Pablo Hurtado Analista de Asies
Peligro de vulneración
La Universidad Rafael Landívar (URL) y la Sala de Vistas del Organismo Judicial (OJ) son los lugares en disputa. Los dos presidentes concluyeron que el segundo lugar no reúne los requisitos mínimos para las sesiones.
Arévalo destacó en una entrevista a Emisoras Unidas que la Sala de Vistas es insuficiente en espacio y no cumple con los requisitos técnicos necesarios, lo que afecta también a observadores y periodistas. Alegó que no hay garantía de transparencia, pues cuando visitaron el área, el pasado lunes, se impidió el ingreso a los medios de prensa.
Cortés señaló deficiencias como la falta de parqueo y conexión a internet, y la ausencia de espacios seguros para los expedientes de los aspirantes a magistrados.
Durante la última sesión de la comisión de Salas de Apelaciones, se solicitó a Arévalo encontrar una tercera opción para las reuniones. Aunque accedió, advirtió que esto tomaría varios días y podría retrasar aún más el proceso, con una posible propuesta para el 19 de agosto. Su homólogo rechazó la idea, pues ya ha asegurado todas las condiciones necesarias en la URL.
“Estamos en un punto muerto. No se quiere avanzar en la agenda; no se quiere entrar a discutir los siguientes puntos”. Miquel Cortés Presidente de la postuladora de CSJ
Intención clara
Desde el Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra denunció que un grupo de 12 magistrados y delegados ha obstruido el trabajo de las comisiones. “Votan contra avanzar en la agenda, insisten en llevar la sede a la CSJ. Es una clara evidencia de que quieren que no avance la postulación de candidatos”, indicó Ibarra.
El comisionado Wilson López señaló al magistrado de la CSJ Estuardo Castellanos Venegas de presionar para retrasar el proceso por medio de los magistrados de las Cortes de Apelaciones. “Hay órdenes desde lo más alto en retrasarlo”, denunció López.
Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, describió la situación como un intento claro de demorar y entorpecer el trabajo. Criticó la “absurda” cantidad de sesiones perdidas en discusiones sobre la sede. Añadió que la confrontación observada ha llevado a debates estériles que no aportan.
“Nunca había visto discusión en torno a ese asunto. Normalmente, la primera sesión era prácticamente una formalidad en la que se reunían, se refrendaba cuál iba a ser el punto de las juntas y, a partir de ese momento, se comenzaba a discutir lo importante”, explicó Ortiz.
Llamado a la conciencia
Por su parte, Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), expresó su preocupación por el estancamiento, y llamó a los comisionados a tomar conciencia de su responsabilidad y encontrar consensos para avanzar.
“Estamos presenciando que las condiciones para iniciar el trabajo ya de por sí representan todo un desafío, lo cual es preocupante, pues pone de manifiesto esa imposibilidad de llegar a acuerdos”, aseguró Hurtado.
El analista insistió en la necesidad de lograr la viabilidad de las labores de las comisiones y adentrarse en temas medulares, como elaborar los perfiles de los aspirantes, crear una tabla de gradación y confeccionar la nómina.
Mientras, la misión de la OEA observa de cerca el desarrollo de los acontecimientos y toma nota de las acciones de transparencia y efectividad del proceso de elección de magistrados.