Luego de una visita a Guatemala, la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Estado, con un enfoque particular en el Ministerio Público (MP).
Entre las 10 sugerencias presentadas, la CIDH destacó la necesidad de realizar un examen independiente del funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos, al tiempo de ofrecer su acompañamiento técnico para la evaluación.
La comisionada Andrea Pochak subrayó la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución selectiva de diversos actores sociales y políticos. En sus declaraciones, Pochak mencionó casos emblemáticos como el del periodista Jose Rubén Zamora, así como el del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, quienes han sido objeto de “procesos judiciales cuestionables”.
En su informe, la Comisión instó al MP a detener la criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, miembros de partidos políticos, funcionarios públicos y representantes de organizaciones campesinas, indígenas y sindicales.
Esta práctica, según la comitiva, ha sido especialmente notable desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2019.
Roberta Clarke, relatora sobre derechos humanos, enfatizó que aunque el MP debe operar de manera independiente, es crucial evaluar su estructura y funcionamiento. La CIDH observó que el MP actúa sin imparcialidad y, en ocasiones, en represalia, con intervención activa de actores privados. Clarke también señaló la preocupante tendencia de procesar repetidamente a los mismos individuos, el uso excesivo de la prisión preventiva y la imputación de delitos graves para evitar medidas sustitutivas o imponer cauciones económicas insostenibles.
A pesar de las negaciones del ente investigador sobre la existencia de una práctica de criminalización, el informe resaltó la cantidad de personas criminalizadas, lo cual pone en evidencia una instrumentalización del sistema de justicia que requiere atención urgente y reformas profundas.
Los delegados visitaron Guatemala del 22 al 26 de julio, tras 7 años de no recibir invitación oficial.
