Foto: cortesía Prensa Comunitaria
Instituciones nacionales e internacionales, activistas y defensores humanitarios expresaron su rechazo por la sentencia de cinco años de prisión conmutable impuesta a Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP) en Quetzaltenango. La exfuncionaria fue declarada culpable de revelación de información confidencial o reservada.
La condena, dictada por el juez Moisés León, del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del referido departamento, incluye una multa de 50 mil quetzales e inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos.
Al salir de la audiencia, Laparra dijo que la sentencia es ridícula y aseguró que se trata de una cacería contra quienes luchan contra la corrupción, y recordó que hay personas en el exilio por combatir este mal social.
Entidades como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Amnistía Internacional, Fundación para el Debido Proceso, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos e Impunity Watch condenaron la pena.
Saúl Interiano, defensor de los derechos humanos y director ejecutivo de la asociación Coincidir, denunció la sentencia como un acto de injusticia. “No siempre lo legal es lo justo. Muchas veces las leyes sirven para cometer injusticias, en especial cuando las mafias tienen cooptado el sistema”, afirmó.
Por su parte, Iduvina Hernández, de la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, también expresó su desaprobación. Destacó la inocencia de Laparra y la necesidad de luchar por la autonomía del sistema en el país. “O recuperamos la independencia judicial o seguiremos bajo la dictadura de terrorismo del MP y sus cómplices en el Organismo Judicial”, declaró.
Desde Impunity Watch se lamentó que “el sistema de justicia siga castigando a la exfiscal”. Subrayó que la defensa de Laparra demostró su inocencia.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó que “Virginia ha sido una presa de conciencia solo por su lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala”.
Este es el segundo proceso judicial que enfrenta Laparra, luego de que fue denunciada por el entonces juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, quien alegó que la exfiscal había revelado información confidencial de un caso a una periodista local, poniendo en riesgo a un colaborador eficaz y la integridad del proceso penal.
En 2022, Laparra fue sentenciada por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad en forma continuada, tras denunciar a Castellanos.
