A un año de su implementación, la Unidad de Control Telemático (UCT), del Ministerio de Gobernación (Mingob), ha instalado 51 aparatos que permiten aplicar medidas sustitutivas ordenadas por el Organismo Judicial (OJ), en beneficio de sindicados y privados de libertad que cumplen con los requisitos establecidos.
Alejandro Quevedo, director de la UCT, señaló que este avance es un reflejo del compromiso del equipo que encabeza y los órganos jurisdiccionales que han tenido la confianza de aprobar esta modalidad, con la cual se coadyuva a reducir la sobrepoblación carcelaria.
La aplicación de esta tecnología está respaldada por la Ley de Implementación del Control
Telemático en el Proceso Penal (Decreto 49-2016), en vigor desde diciembre de 2016, y representa un paso importante hacia una justicia más eficiente y humanitaria, agregó.
Esfuerzos conjuntos
La colaboración entre la UCT y el OJ ha sido fundamental para el funcionamiento de esta iniciativa. La mencionada unidad ha realizado más de 4 mil 750 capacitaciones dirigidas a jueces y abogados, lo que asegura una comprensión integral del programa y facilita su implementación efectiva.
Hasta la fecha, 17 órganos jurisdiccionales han emitido órdenes para la instalación de los dispositivos, destacando el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas del Departamento de Guatemala, con 22 autorizaciones, y su homólogo en Quetzaltenango, con seis.
La mayoría de los abogados de los portadores de los aparatos es privada (46), mientras que solo cinco pertenecen a la defensa pública. En cuanto al financiamiento, 34 dispositivos fueron autofinanciados por los usuarios, mientras que el Estado absorbió el costo de los restantes.
El artefacto, una tobillera de última generación, emite una señal de la ubicación del portador y permite a los usuarios continuar con sus actividades familiares, sociales, laborales y educativas.
Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), destacó que hacen falta datos sobre la aplicación y financiamiento del Control Telemático, lo cual representa un obstáculo para su implementación más amplia. Menchú recomienda fomentar el uso de esta herramienta y ampliar su socialización entre abogados, defensores públicos y jueces.
Para maximizar la colocación de los 2 mil dispositivos adquiridos por la UCT, se aconseja un trabajo más estrecho con el Instituto de la Defensa Pública Penal en la promoción de su uso.
