Tanques de pensamiento y sectores que abogan por los derechos de los trabajadores ven de forma positiva la facultad que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), por medio de la Dirección General de Trabajo (DGT), ha dado para el reconocimiento de la personalidad jurídica, aprobación de estatutos e inscripción de 28 organizaciones sindicales durante los primeros meses de 2024 (20 municipales, cinco privadas y tres gubernamentales), destacando que esta condición no se había visto durante las administraciones anteriores.
Claudia Peneleu, viceministra de Previsión Social y Empleo del Mintrab, explicó que la cartera realiza todos los esfuerzos posibles por garantizar los derechos laborales en general. Sin embargo, admitió que no cuentan con suficiente personal en la Inspección General de Trabajo (IGT) para verificar, adecuadamente, la situación de los colaboradores.
“Tenemos un presupuesto muy corto para realizar todas las intervenciones que quisiéramos llevar a cabo en temas de inspectoría en el ámbito nacional. Los recursos financieros no nos permiten tener a los expertos necesarios”, señaló.
Pese a las limitaciones, Peneleu subrayó que la administración considera el respeto hacia estas garantías como un eje transversal. Para facilitar los procesos, incluyendo la conformación sindical, se ha implementado un sistema de gestión administrativa para la atención oportuna, el registro adecuado de los trámites y la agilización de los mismos.
“También, hemos fortalecido el diálogo social y buscamos restablecer la conversación tripartita entre trabajadores, empleadores y gobierno, a fin de encontrar soluciones en materia laboral”,
puntualizó.
“Los sindicatos son esenciales para la defensa del trabajador y la existencia de la democracia con justicia social”. Luis Linares Coordinador área laboral de Asies
Actitud favorable
Luis Linares, exministro de Trabajo y coordinador del área laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), celebró esta actitud favorable y señaló que permite paliar el incumplimiento de los compromisos de la hoja de ruta sobre libertad sindical promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que los últimos tres gobiernos habían dejado de lado.
“Este es un paso para superar los inconvenientes que afectan el ejercicio de la libertad sindical, que, especialmente, el último gobierno impulsó con obstáculos burocráticos y diligencias engorrosas que dificultaron la inscripción de sindicatos, en especial, en el sector privado”, afirmó Linares.
Desde los primeros días del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y de la vicepresidenta Karin Herrera, Linares observó un cambio positivo en el tema, que ha ayudado a corregir las “gravísimas fallas” de administraciones anteriores.
Sin embargo, destacó la necesidad de unificar criterios en los procesos, tanto en la DGT como en el Consejo Técnico de Asesoría Jurídica del Mintrab, para cumplir con la ley y garantizar los derechos de los trabajadores, incluyendo la libertad sindical. Linares también sugirió la creación de una política pública que promueva el ejercicio de estas facultades, conforme al Código de Trabajo y las normativas de la OIT a las que Guatemala se ha adherido.
Por su parte, José Pinzón, del Comité Ejecutivo de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), calificó de “positivo” el nuevo proceso y la facilidad para el registro y reconocimiento de nuevas agrupaciones y recordó que, históricamente, estos grupos nunca han gozado del valor y aprecio que deberían tener.
“El funcionamiento de estas entidades debe ser pleno y tanto las autoridades como los dirigentes están obligados a asegurar las ventajas, pero también el cumplimiento de las obligaciones que estos contraen con los patronos”, resaltó Pinzón.
Atención plena
Desde el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Servicio de la Educación de Guatemala (Stayseg), del Ministerio de Educación (Mineduc), Rudy Arbizú también elogió estas acciones como un “paso firme” para la organización laboral, particularmente, tras años de trabas por parte de pasados gobiernos. “Si estas facilidades son una política del actual, me parecen una medida magnífica para el reconocimiento de la libre asociación que por ley tenemos todos los guatemaltecos”, destacó.
No obstante, Arbizú enfatizó que la existencia de más agrupaciones requiere igual atención de los patronos. Puso como ejemplo al Mineduc, donde existen más de 50 sindicatos y donde las autoridades han ignorado, de manera sistemática, a las representaciones minoritarias durante los pactos colectivos.
“Ese sería el reto real, que todos reciban la misma atención y puedan acordar los beneficios que los trabajadores solicitan”, explicó.
Francisco Mendoza, miembro del Consejo Político Sindical de los Sindicatos Globales de Guatemala y de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, describió esta disposición del Ejecutivo como “buena” y en línea con los compromisos adquiridos por el Estado ante la comunidad internacional y los órganos de control de la OIT, especialmente, los convenios 87 y 98 sobre Libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y el Derecho de sindicación y de negociación colectiva, respectivamente.
Mendoza destacó la importancia no solo de reconocer y legalizar estas organizaciones, sino también de garantizar su pleno funcionamiento, dado el histórico hostigamiento y criminalización del movimiento sindical en Guatemala. Asimismo, invitó a las autoridades del Mintrab a transparentar la información y hacerla de conocimiento público para su valoración.
“Trabajamos por reestablecer el diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y gobierno, para solventar problemas en temas laborales”. Claudia Peneleu Viceministra de Previsión Social y Empleo
Los riesgos
Por otro lado, Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), consideró que la proliferación de sindicatos debe ser analizada caso por caso, ya que la existencia de varias asociaciones de un mismo gremio ha sofocado a las instituciones estatales.
En casos como el Mineduc, Quezada propuso la existencia de un único sindicato de educadores para que el empleador trate solo con una representación y regular la negociación de pactos colectivos en el sector público, con el objetivo de evitar comprometer recursos financieros de gestiones futuras.
“La forma de solventar esta situación debe ser con la existencia de un único sindicato por gremio, y dentro del cual se aglutinen los interesados y el empleador pueda dialogar solo con una representación”, puntualizó Quezada.
La inscripción de sindicatos en Guatemala ha sido un avance significativo y bien recibido por diversos sectores. Sin embargo, los desafíos en la implementación y el funcionamiento de estos grupos requieren atención continua y una estrategia clara para garantizar los derechos laborales de manera equitativa y sostenible.
