La posible destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, comenzó ayer con la presentación de una acción legal en su contra. De aquí en adelante, los guatemaltecos estarán expectantes ante las resoluciones que emitan las instancias competentes.
“Con instrucciones del Presidente de la República, presentamos hoy (ayer) una querella penal y solicitud de retiro de antejuicio en contra de la fiscal general (Consuelo Porras)”, informó el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, tras apersonarse al Centro Administrativo de Gestión Penal de la Torre de Tribunales, acompañado por el secretario General de la Presidencia, Juan
Gerardo Guerrero.
A decir del funcionario, la acción es consecuencia del posible incumplimiento de deberes en el que la jefa del Ministerio Público (MP) pudo haber incurrido, según el Artículo 419 del Código Penal, ante la negativa de participar en la junta del Gabinete de Gobierno a la que fue invitada el pasado 29 de enero y de la cual se retiró “abruptamente”.
“Esta es una acción concreta para buscar el sometimiento de los funcionarios públicos al Estado de derecho y parar de aceptar como válido un mañoso estado de legalidad.” Julio Saavedra Titular de la PGN.
Saavedra explicó que, en esa ocasión, la invitación fue girada con el fin de “coordinar políticas y acciones para combatir la impunidad, corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos”, y en la cual la presencia de la fiscal se consideró necesaria para deliberar
sobre esos temas.
Esto, en el marco de la Ley Orgánica del MP, que en el Artículo 4 detalla que “el Presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier junta del Gabinete o de los Ministros de Estado. En este supuesto, el Fiscal General estará obligado a concurrir, con voz,
pero sin voto”.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro-Justicia, consideró que este proceso es “trascendental”, porque el gobernante señala que Porras incurrió en una violación a la Ley.
Sin embargo, se corre el riesgo de que el mandatario sufra una “derrota”, porque la señalada cuenta con el “aval de las Cortes y del Organismo Judicial”. También, citó, tiene simpatizantes en el
Legislativo.
Desde el MP, Moisés Ortiz, del Departamento de Información y Prensa, indicó que “la decisión de la Fiscal General está debidamente fundamentada en lo que establece la Ley, por lo que se considera que la solicitud del retiro de antejuicio adolece de sustento legal, siendo espuria y con un posible origen político con el fin de obstruir la justicia y obstaculizar la acción penal. Por lo cual, el MP actuará de acuerdo a su mandato
legal y constitucional”.
Hasta seis años de cárcel
El Código Procesal Penal establece que el incumplimiento de deberes se sanciona con 3 a 6 años de prisión. A pesar de que el Ministerio Público detenta la titularidad de la acción penal en delitos de acción pública, permite que particulares o entes autónomos inicien dicha persecución, figura legal que la Procuraduría General de la Nación ha invocado en el caso de la querella contra la Fiscal General, explicó Edgar Ortiz Romero, analista en temas constitucionales y legales. Dado los pasos que conlleva un asunto de esta naturaleza, este será “un proceso largo”, escribió el experto en un hilo de la red social X.
