El estudio y valoración de las divisiones, unidades y programas que ejecutan los diferentes organismos estatales es parte importante de las acciones que debe hacer la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera, a fin de garantizar la adecuada atención de las necesidades de la población, según Gustavo García Fong, investigador del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
“El nuevo gobierno está recibiendo la casa, y muchas instituciones deben ser objeto de evaluación”, indicó García Fong. Estas declaraciones surgieron luego de que el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció la disolución de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront), de la Policía Nacional Civil (PNC), por denuncias de corrupción.
De acuerdo con el viceministro Antinarcóticos, Werner Ovalle, las quejas más comunes han sido por cobros a migrantes, a quienes los uniformados han solicitado hasta 60 dólares (469 quetzales, aproximadamente) para continuar en ruta por el país.
Ovalle adelantó que, en reemplazo de la Dipafront, se proyecta la creación de una división que estará adscrita a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA). Se espera que esta nueva fuerza especializada comience a operar en dos o tres meses, afirmó el funcionario.
