Foto: Cortesía SCSPR
El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), avanza con paso firme en el proceso de la consulta restitutiva con el pueblo Xinka, en relación con el derecho minero Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Actualmente, la acción está en su Fase II, y se estableció, entre la citada cartera y representantes del Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala (Papxigua), un cronograma de encuentros que proyecta la firma de los acuerdos entre ambas partes antes de que finalice el año.
“Tanto el MEM como el Parlamento tenemos previsto concluir este procedimiento en octubre de 2023”, explicó el viceministro de Desarrollo Sostenible del despacho energético.
La consulta, que se inició oficialmente el 21 de mayo de 2021, tiene como objetivo escuchar la opinión y las inquietudes de esta comunidad indígena, a fin de buscar una solución justa y equitativa para los involucrados.
“Aunque han existido algunas diferencias a lo largo del camino, ha existido un diálogo genuino entre los participantes, caracterizado por ser respetuoso, franco y exitoso”, agregó el funcionario.
Explicó que la fase final comenzó el 16 de octubre de 2022, con la entrega de la primera información ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC), y que para hoy se tiene programado otro traspaso de datos por instituciones implicadas.
“Este proceso es muy importante para el país, y el fin exitoso es un hito que demuestra la capacidad y voluntad del Gobierno de cumplir con su obligación de realizar las consultas a los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT.” Viceministro de Desarrollo Sostenible Ministerio de Energía y Minas
Destacó que el calendario ha sido consensuado entre el Gobierno de Guatemala y representantes del Papxigua. Ambas partes hacen los esfuerzos necesarios para cumplir con las fechas pactadas.
El funcionario señaló que es de suma importancia llegar a buen término en este proceso, pues sería la segunda consulta restitutiva que se está llevando a cabo según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante esta administración, y generará certeza jurídica para productos de inversión y desarrollo que en el futuro se ejecuten en el territorio nacional.
