El Gobierno del presidente Alejandro Giammattei reiteró, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su compromiso con la garantía y protección de los derechos humanos.
Lo anterior, durante el 177 período de sesiones de la CIDH, donde se hizo referencia a la creación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), y la modificación institucional previa realizada, que estuvo motivada por la necesidad de la renovación, actualización y fortalecimiento de la actuación gubernamental para responder al compromiso con la paz, los derechos humanos y la atención constructiva de la conflictividad social.
De igual forma, se ratificó que el Gobierno reconoce y respeta la independencia y división de poderes.
En ese marco, se hizo una cronología que documenta el retraso de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones, y se dio a conocer que esto tuvo como origen la suspensión y posterior regulación del procedimiento de dicha elección, por parte de la Corte de Constitucionalidad desde 2019.
Asimismo, se dieron a conocer las acciones en la lucha contra la corrupción e impunidad, para lo que se creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que, en coordinación con el Ministerio Público, han fijado la ruta para la denuncia, persecución y procesamiento de posibles estructuras o aparatos paralelos que actúan dentro del Estado.
También se informó respecto a las acciones que, bajo un compromiso en la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía y con pleno respaldo de la población local, el Gobierno ha realizado en los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá y Santa Lucía Utatlán, Sololá, donde se decretó, en mayo pasado, un estado de sitio para solventar la conflictividad social que afecta a estos lugares, logrando la instauración de un proceso de diálogo y negociación para encontrar una solución y pacificación.
En tanto, en la reafirmación del respeto por la libertad de expresión, se reiteró el compromiso por contribuir a esclarecer denuncias presentadas por periodistas, en el marco de las investigaciones de los órganos competentes de administración de justicia.
