En seguimiento al trabajo de transparencia que promueve el Gobierno, en marzo se retomará el censo de empleados públicos que llevan a cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).
Este recuento de empleados tiene como objetivo transparentar el gasto en la contratación del recurso humano y verificar quiénes son los servidores públicos, dónde están y cuánto le cuestan al erario, explicó Mario Argueta, presidente de la Comisión Coordinadora del Censo.
La primera etapa del recuento se llevó a cabo de julio a noviembre del año pasado y se dividió en tres fases. En la primera se levantó la información de El Progreso, Zacapa y Chiquimula; el segundo incluyó Izabal y Santa Rosa, y el tercero fue en Jalapa y Jutiapa.
Amplio trabajo
Con anterioridad se habían realizado otros censos, pero se enfocó en personal contratado en los renglones 011 y 022. En este nuevo conteo se ampliará a otros rubros.
Argueta explicó que ahora se tiene una cobertura total de los renglones de relación de dependencia como el 011, 021, 022 y 023, además de servidores bajo los renglones 029 y el subgrupo 03, que aglutina los puestos 031, 034 y 036. Se prevé que los resultados del registro estén listos para septiembre.
Financiamiento
La Comisión ha priorizado los gastos para la realización del censo. En la primera etapa se invirtieron Q4.8 millones, con fondos propios y administrados por el INE.
La segunda fase tendrá un costo aproximado de Q25 millones, que incluye levantar información y una campaña de divulgación de resultados.
Argueta dijo que para hacer el censo la Unión Europea ofreció Q37 millones (5.5 millones de euros).
