La semana pasada hubo noticias positivas para el país y con amplias repercusiones en el extranjero. Guatemala y Honduras constituyeron el primer territorio fiscal único, un panel arbitral no le concedió la razón a Estados Unidos en materia laboral, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró que la economía más grande de Centroamérica cumple “ampliamente” con las normas internacionales en aspectos relativos a la transparencia fiscal.
En el primero de estos temas, los mandatarios Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández inauguraron el acto administrativo del lanzamiento del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras, el cual faculta la modalidad de libre circulación del 95 por ciento de las mercancías y regula ese 5 por ciento restante que tienen excepciones, como armas, explosivos, municiones, materiales con algún grado de riesgo, especies en peligro de extinción y aquellos artículos que tienen limitantes fito y zoosanitarias.
Para ello, hubo que integrar los programas informáticos que permitirán conocer la trazabilidad y mejorar el control de las operaciones aduaneras y tributarias.
Los beneficios
Este paso significa fortalecer los sistemas de riesgo de fiscalización posterior en ambos territorios, busca la combinación de las actuaciones de las autoridades competentes que ejercen sus funciones en los puestos fronterizos integrados y aduanas periféricas y se brinda una oportunidad para facilitar los procesos que demanda el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, aprobado en Guatemala por el Congreso, Decreto 1-2017, y que está vigente desde el 11 de febrero.
Entre los beneficios esperados se encuentra duplicar la velocidad en el transporte de las mercancías de 16 a 30 kilómetros por hora, expandir la infraestructura y los corredores logísticos, fomentar la competitividad, promover la convergencia de los softwares tributarios, promover los sectores estratégicos y de atracción de inversiones, vigorizar el proceso de integración regional, lograr eficiencia en el comercio y una reducción de 21 a 25 por ciento en los costos logísticos, según lo calculó recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Desde el martes, de los productos que se muevan en los dos países, ya no se les denominará importación o exportación, sino transferente o adquiriente, puesto que se les considerará un bien nacional en cualesquiera de los dos espacios geográficos y por tanto ya no utilizarán la Declaración Única Aduanera (DUA), que se seguirá extendiendo para el comercio internacional, sino que se usará la Factura y Declaración Única Centroamericana (Fyduca). Uno de los aspectos importantes es que este documento está pensado con visión de largo plazo, de manera que cuando en el futuro más países se agreguen puedan utilizarlo. Es preciso resaltar que El Salvador ha dado acompañamiento muy cercano a este proceso y recientemente Nicaragua manifestó su interés, por lo que ambas naciones analizarán cómo funciona para integrarse más adelante.
La Unión Aduanera se hace realidad después de 31 meses de negociación, la cual comenzó en diciembre de 2014, y para la cual fue necesario hacer 19 rondas de conversaciones para su implementación, así como de mesas técnicas a fin de consolidar las hojas de ruta entre instituciones de seguridad, migración, agricultura, administración tributaria y economía de ambos territorios.
Con esta medida se establece un área común de no menos de 221 mil kilómetros cuadrados, equivalente al 52 por ciento, un poco más de la mitad, del Istmo.
Resolución judicial
El segundo aspecto es el fallo del panel arbitral al amparo del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), integrado por los expertos internacionales en derecho comercial y laboral, Kevin Banks (Canadá), Theodore Posner (Estados Unidos) y Ricardo Ramírez Hernández (México).
Los árbitros declararon sin lugar las tres reclamaciones presentadas por el país norteamericano, por supuesto incumplimiento al capítulo laboral de este convenio comercial, entre ellos el registro de sindicatos, el establecimiento de tribunales de conciliación, inspección general de trabajo y ejecución de órdenes judiciales.
El informe final es resultado de 6 años de litigio, cuyo impacto inmediato redundará en fortalecer la imagen y las inversiones, resultado importante y positivo para Guatemala.
Una de las prioridades de la Política General de Gobierno es generar empleo digno y decente por medio del cumplimiento de la legalidad que mejore las condiciones, dignifique a los trabajadores y garantice el desarrollo óptimo de las relaciones durante las faenas.
Una de las acciones torales, que fue considerada por los árbitros, es la entrada en vigencia del Decreto 7-2017, que reforma el Código de Trabajo, el cual fortalece el procedimiento de inspección, prevención, verificación y eventual sanción en sede administrativa por incumplimiento de derechos u obligaciones laborales, además de estipular mecanismos judiciales expeditos para fomentar una cultura de observancia.
Del documento redactado por los expertos se desprenden los siguientes tres elementos: primero, la reclamación sobre el registro de sindicatos y el establecimiento de tribunales de conciliación fue declarada fuera de los términos de referencia del Tribunal, puesto que Estados Unidos no la identificó en su solicitud original.
Segundo, en la demanda relativa a las inspecciones, el Panel Arbitral encontró una sola instancia en la que, supuestamente, no hubo aplicación de la legislación específica. Determinó, por tanto, que no existía un “curso de inacción” de parte del Estado de Guatemala y por ello no tuvo necesidad de analizar los otros aspectos de la obligación señalada, como la condición de que un curso sea “sostenido o recurrente” o si hubo “afectación al comercio”. Es decir, los expertos no vieron indispensable llevar a cabo un etudio minucioso acerca del impacto comercial y, como consecuencia, Estados Unidos no pudo demostrar que Guatemala había actuado de manera incompatible con el artículo 16.2.1(a) del CAFTA-DR.
Y tercero, el tribunal arbitral también declaró sin lugar la queja sobre la supuesta falta de ejecución de órdenes judiciales. Resaltó que había solamente 8 instancias en las que, al parecer, no hubo aplicación de la legislación laboral y acentuó que era un número de casos “sorprendentemente bajo” y sin relación entre sí como para establecer una de las siete condiciones que deben demostrarse bajo el convenio comercial, es decir la existencia de un curso de acción sostenido o recurrente.
Lista blanca
La tercera noticia de la semana es que Guatemala mejoró su posición, subiendo dos categorías, en el Foro Global de la OCDE, obteniendo la calificación de “conforme en gran medida con el estándar internacional”, luego de presentar los avances en materia de transparencia fiscal en la reunión de revisión acelerada de informes fast track realizada recientemente en Panamá.
Con esta apreciación, se sale de la lista de países no cooperantes y con ello obtiene una posición que le permite ser reconocido en el ámbito internacional como una nación comprometida con adoptar los mejores estándares para el intercambio de información con fines fiscales.
El organismo subrayó que Panamá, Guatemala y Micronesia fueron las jurisdicciones que más progresaron.
La acción más reciente, para mejorar la nota en este ámbito, fue el depósito de la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal del Foro Global, lo cual fue hecho por el gobernante durante su gira el 9 de junio en Francia.
Como resultado de esta evaluación, Guatemala va a poder recibir más inversión extranjera, combatir la evasión fiscal más allá de las fronteras, intercambiar información no solamente de transacciones bancarias y saldo, sino también en materia comercial, declaración de precios, valores de transferencia, entre otros.
Además, mejorará las perspectivas de análisis de las calificadoras de riesgo-país, incidiendo en la apertura de mercados financieros más atractivos y, por ende, a optimizar las condiciones de crecimiento económico y de vida de la población.
Estas tres noticias son consecuencia de la muestra de voluntad política del país, lo que permitió reflejar avances reales en transparencia.
