En la siguiente entrevista, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, nos da pormenores sobre el Presupuesto 2018, que se presentó al Congreso de la República, y comenta entre otros aspectos, que el efectivo hay que destinarlo a la inversión pública y no al funcionamiento.
¿Qué mecanismos se desarrollan para garantizar la transparencia?
Lo más importante es que se están haciendo licitaciones. Hace años, estas no se hacían para la contratación de construcción de carreteras, solamente se extendían contratos o mecanismos de excepción. En la actualidad, se hacen abiertamente con convocatorias a la sociedad civil, con prebases publicadas y precalificadas.
El Ministerio de Finanzas se encuentra trabajando en un nuevo registro de precalificados que funcionará a partir del próximo año. Adicional, se cuenta con todos los procesos que se han hecho con la Política de Gobierno Abierto, con sistemas en línea donde todo se publica y donde se tiene acceso a todos los procesos.
¿Cuál es el compromiso con la inversión pública?
Queremos recuperar la capacidad del Estado en ese aspecto.
El Presupuesto 2018 aumenta de forma significativa el porcentaje del efectivo que hay destinado a inversión pública y no al funcionamiento. También estamos buscando mecanismos para licitaciones, procesos de contratación, planificación y autorizaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia que funcionen más rápido, también en los permisos ambientales, todo para que se puedan hacer nuevos hospitales, escuelas y carreteras.
¿Y la prioridad?
La apuesta es en caminos. Se busca fortalecer a Comunicaciones para que recupere la capacidad que perdió y se mejore la supervisión.
Por ello se podría entrar en discusión con Fundesa y la Alianza de la Prosperidad para plantear la creación de un Ministerio de Obras Públicas.
El mejor de los escenarios sería mediante un consenso político.
¿Se necesita de un diálogo para replantear la política fiscal?
El país tiene que discutir cómo se financia la prestación de servicios públicos, pues desde el Ministerio de Finanzas Públicas planteamos un presupuesto multianual que marca una ruta donde se empiezan a cerrar unas brechas de desarrollo pero que no cubre todas.
Para lograr gobernabilidad y presencia del Estado en todo el país con justicia y educación, se necesitan más recursos y de un entorno de confianza. En ese sentido, la apuesta es continuar con los esfuerzos para que trabaje bien el aparato público.
¿Y los principales puntos a tratar?
Los ingresos, gastos y temas de justicia que se han agregado, así como control y función pública, que son fundamentales para el Estado, y que no se pueden resolver rápido. Estamos abiertos a conocer los diálogos que se presenten de los diferentes sectores del país para conocer si es uno solo o varios.
¿Existe desfinanciamiento?
A mucha gente le encanta decir que el Presupuesto está desfinanciado. Decir eso es un error técnico, no se puede tener eso porque el mismo Presupuesto marca sus fuentes de financiamiento. Una parte se financia con ingreso tributario, otra con no tributarios y otra con endeudamiento.
¿Cómo están los ingresos del erario?
La recaudación está creciendo este año, por lo tanto crece el gasto y la capacidad de utilizar el endeudamiento para hacer inversiones fuertes, como en infraestructura y apostar fuerte por recuperar la red vial.
Para el otro año se está fortaleciendo fuertemente al Ministerio de Salud y al de Educación para ampliar la cobertura del nivel de atención y los programas de apoyo.
¿En qué se invertirá el próximo año?
En 3 ejes se enfoca el Presupuesto 2018: desarrollo humano, economía y seguridad, y seguridad y justicia.
¿Hay algún obstáculo?
Nos encontramos con un nudo complejo que, si siguiéramos el trámite común para hacer un proyecto de agua tomaría 8 años. Hay que simplificar procesos. En la parte de supervisión y contraloría se tiene que ser menos formalista, y orientarse más a la calidad, la protección del patrimonio público y los intereses públicos.
¿Sobre el Fopavi?
El Fondo para la Vivienda es un importante generador de crecimiento y reactivación económica. El año pasado, en una reunión de la Comisión de Finanzas (del Congreso), lo redujeron a un tamaño tan pequeño que casi no tiene sentido operarlo.
Pensamos que es importante per se para resolver los problemas de vivienda de la población, y se puede ejecutar con transparencia y sin ninguna dificultad técnica.
Si la visión del Legislativo y de la sociedad es que ya no hay que asignarle más dinero entonces mejor que se proceda a liquidarlo. Esa es la lógica.
¿Por qué?
Porque las instituciones tienen un tamaño normal. Si tienen pocos recursos se mantiene la capacidad administrativa y de supervisión, pero no se puede hacer la parte de ejecución.
¿Se prevén aumentos salariales?
Aparecen algunos cambios de renglón 021 a 011. Algunas plazas vacantes que se están llenando.
Hay inversión importante en la parte de supervisión, pero no se contempla un cambio en la parte de remuneración.
¿Y los maestros?
Con ellos se están viendo temas integrales, de carrera, de escalafón y están planteando temas de remuneración. Esos aspectos aún no han llegado al Ministerio de Finanzas para seguir un procedimiento específico de evaluación.
¿Acciones ante la situación de los dreamers?
Es el momento de ser más ambiciosos en cómo recuperar motores de crecimiento, uno de ellos es que mejore la inversión pública para generar más empleo y oportunidades. Además, continuar con el Plan de la Alianza para la Prosperidad, que se enfoca en los municipios que son los mayores generadores de migrantes.
Para los jóvenes es adecuado buscar motores de crecimiento y seguridad jurídica. Además, es necesario lograr acuerdos que reactiven la economía y absorban esos choques.
“Es importante mejorar la manera en que el Estado adquiere contrataciones para que la gente tenga la confianza de que por cometer errores administrativos no le van a poner denuncias penales.”
Perfil
Julio Héctor Estrada, licenciado en Economía y egresado de la Universidad Francisco Marroquín, cuenta con dos maestrías internacionales, un máster en Administración de Empresas y una maestría ejecutiva en Liderazgo Global en Suiza.
Cuenta con no menos de 20 años de trabajo en consultorías y gerencia de proyectos.
Fungió como presidente ejecutivo de empresas de Desarrollo Inmobiliario y de Exportación de Frutas en Guatemala.
Fue director del Programa Nacional de Competitividad; y de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE).
