Un enfoque preventivo y basado en riesgos forma parte de los ejes que sustentan la nueva iniciativa de ley de lavado de dinero u otros activos, que elabora la Superintendencia de Bancos (SIB), para actualizar el Decreto 67-2001 y cerrar las brechas señaladas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
(Gafilat) en 2016.
“Este proyecto de ley establece que en función de un riesgo probable se asignarán más recursos o menos recursos a las instituciones, lo cual es producto de las lecciones que nos dieron las estructuras que se descubrieron de 2015 a la fecha, porque con el enfoque de la normativa actual se dificulta identificarlas”, manifestó José Alejandro Areválo, titular de la SIB.
Reducir brechas
Esta iniciativa, que tiene no menos de 100 artículos, está en etapa final de revisión y se espera que sea remitida al Ejecutivo en los próximos meses, con el fin de que sea presentada en el Congreso durante el primer semestre de 2019. Hace dos años, en su Informe de Evaluación Mutua de Guatemala, el Gafilat determinó que las principales amenazas para la economía nacional son el narcotráfico, el transporte transfronterizo de dinero ilícito, contrabando de mercancías y extorsión.
Asimismo, identificó que el cohecho activo/pasivo, que incluye los delitos de malversación y peculado (corrupción pública), constituyen delitos de amenaza media en el contexto de lavado de activos, mientras que, debido a que los casinos-videoloterías no están sujetos a la normativa actual, representan un nivel alto de vulnerabilidad.
“En Guatemala, como no se les llama casinos, sino loterías deportivas, o se les conoce con otros eufemismos, entonces no están sujetas a supervisión como las personas obligadas. Con la nueva ley buscamos subsanar esta deficiencia”, subrayó Arévalo.
Avances y retrocesos
Jorge Van Der Henst, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dijo que los avances logrados por Guatemala en transparencia fiscal y financiera le valieron para salir de la lista de países no cooperantes del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.
No obstante, declaró que existe el riesgo de un retroceso en esta materia si la Corte de Constitucionalidad mantiene en suspenso el artículo 52 del Decreto 37-2016.
Dicho apartado le da la facultad a la SAT a requerir información sobre movimientos bancarios, transacciones e inversiones.
Aumentan las alertas
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), recibió 2 mil 916 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a agosto, con lo que superó las 2 mil 893 alertas recibidas durante el año pasado.
Derivado de 110 RTS vinculados con actividades ilícitas, la IVE presentó 56 denuncias y ampliaciones de denuncias en el Ministerio Público (MP), las cuales involucran a 658 personas. El monto que supuestamente proviene de lavado de dinero ascendió a Q1.2 millardos.El año pasado, esta entidad interpuso 102 acciones legales, que involucraron a 2 mil 674 personas, por Q5 mil 3.8 millones.
