Desde el martes, cuando asumió el cargo de jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Abel Francisco Cruz Calderón aceptó el reto de instaurar su plan de trabajo, que está enfocado en aumentar la recaudación, reducir la brecha del cumplimiento tributario, elevar la eficiencia en el sistema aduanero y fortalecer la gestión administrativa financiera, en el programa operativo anual de esa
institución.
El economista, quien afirma que estos 4 ejes tienen como componente transversal la gestión de riesgo, da a conocer en las siguientes líneas las metas que se ha planteado alcanzar para el período de 2018-2023.
¿Cómo planea alcanzar e incrementar la meta (Q57 mil 463 millones) de recaudación para 2018?
Primero, que la Administración Tributaria retome su papel de fiscalización, a partir de que exista una mejor comunicación entre la Intendencia de Recaudación, que promueve el pago voluntario y determina posibles diferencias, y la de Fiscalización. Por otro lado, efectuar una fiscalización a posteriori de los temas aduaneros.
En esta línea, se buscará fortalecer al personal de la Intendencia de Fiscalización, capacitándolo, dándole mejores condiciones de trabajo y herramientas para que tenga una reacción más inmediata. Por eso, esperamos que el préstamo por US $55 millones (Q406.4 millones) del Banco Mundial sea aprobado en el Congreso.
Esperamos que se pueda concentrar este apoyo para centrarnos en la fiscalización y buscar una política para que la mayor parte de los casos se puedan resolver en las etapas de fiscalización, las que permite el
Código Tributario.
Una de las recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente visitó el país, fue aumentar de manera gradual la carga tributaria al 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
¿Cuál es la meta que se ha propuesto alcanzar durante su administración?
La misión sugirió que Guatemala debería tener una carga tributaria del 15 por ciento, pero también aclara y dice que es imposible lograrlo en el corto plazo. Estudios del FMI indican que generalmente una administración tributaria puede crecer un 0.2 por ciento del PIB al año sin reforma tributaria.
Con el marco legal que tengo hoy, mi compromiso es lograr un crecimiento sostenido en la recaudación; es decir, si este año la carga tributaria está en 10 por ciento, al final del período para el que fui nombrado yo debería llegar al 11 por ciento del PIB, sin ninguna reforma.
¿Su administración apoyaría retomar o poner en marcha un nuevo pacto fiscal?
Aclaro que la SAT no promueve reformas tributarias y no hace política fiscal, pero, indiscutiblemente, la Administración Tributaria está hoy de acuerdo con el tema de trabajar de nuevo en un pacto fiscal.
En ese sentido, cabe resaltar que yo participé activamente en el proceso de 2002, y es un tema en el que particularmente yo creo. Si se diera un proceso de pacto fiscal, por supuesto que la SAT estaría apoyándolo con el conocimiento que fuera necesario.
¿Qué estrategia implementará para recuperar los adeudos tributarios?
A mí me gusta el diálogo abierto y sincero. Se dice que la SAT no debería hablar mucho porque al final su facultad es cobrar impuestos. Pero todos tienen derecho al debido proceso.
En sí lo que yo estoy buscando es que la Intendencia de Asuntos Jurídicos promueva el acercamiento con los contribuyentes, para que en el marco legal que nos brinda el Código Tributario, y dándoles el debido proceso, se abran canales de oportunidad para que los contribuyentes paguen los adeudos tributarios.
En el tema del crédito fiscal, ¿qué acciones se pretenden ejecutar para agilizar su devolución, tomando en cuenta las experiencias pasadas?
Se le dará continuidad al Plan Emergente para la Devolución de Crédito Fiscal, ya como un plan permanente, porque el objetivo de nuestra administración para el presente año es, entre otras actividades, gestionar las solicitudes que entraron en 2016 y el primer trimestre de 2017.
