El 31 de agosto último cobró vigencia la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. Esta herramienta legal tendrá un impacto positivo en la competitividad del país y en la atracción de inversiones, según un análisis del Instituto para la Competitividad Económica (ICE) y la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense (Cancham).
Al evaluar la posición de Guatemala en el ranquin del Doing Business (96 en 2020), indicador del banco Mundial relacionado con la facilidad de hacer negocios, parte de las áreas críticas apuntan a los trámites para la apertura de un negocio.
Con ese panorama, y considerando que la también conocida Ley Antitrámites transformará la gestión gubernamental hacia servicios más ágiles y electrónicos, su implementación “permitirá mejorar la calificación y elevará nuestra competitividad para hacer negocios y atraer inversiones”, manifestó Julio García-Merlos, miembro del Consejo Consultivo del ICE.
Entre los beneficios de la normativa, comentó García-Merlos, están que ya no se requerirán declaraciones juradas; en cambio, impulsa el uso de la firma electrónica avanzada y las instituciones ya no podrán exigir a un usuario que realiza una gestión documentos para ese trámite.
“Una administración pública ágil y eficiente permite el desarrollo de un país, ya que facilita que las empresas, nacionales y extranjeras, puedan operar en un marco legal con certeza jurídica”, indicó Juan Sebastián Soto, vicepresidente de Cancham.
La ley, aprobada en mayo por el Congreso, establece que la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y el Ministerio de Economía son los encargados de impulsar la simplificación de los trámites, para los servicios públicos y para la facilitación del comercio exterior y las inversiones, respectivamente.
