Para frenar el comercio ilícito en el país, el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon) emprendió en enero de 2020 el proyecto de instalación de 12 Puestos de Control Interinstitucional (PCI) en puntos estratégicos.
De esa fecha para acá, se han instalado 5 de dichos recintos en diferentes puntos del país.
El último en ser habilitado fue el de Río Dulce, Izabal, inaugurado la semana pasada por autoridades de la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT) y representantes de la Embajada de EE. UU., que coopera con la iniciativa.
Cinco meses después de que las instituciones que conforman el Coincon, representado por los sectores público y privado, trazaran el proyecto, se concretó el 29 de mayo del año pasado el primer PCI, en Pajapita, San Marcos.
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En mercaderías se han incautado en los PCI en el transcurso del año.
El 16 de septiembre de 2020 se inauguró el segundo puesto, en Entre Ríos, Izabal. En lo transcurrido de este año van 3: el 7 de enero se habilitó el de Pasaco, Jutiapa; el 6 de mayo, el de Patzicía, Chimaltenango, y, ahora, el de Río Dulce.
Este último permitirá controlar el producto que ingresa desde Belice y México, refirió el superintendente Marco Livio Díaz.
Por cada puesto, la Embajada de EE. UU. ha cooperado con aproximadamente US $300 000, indicó el intendente de Aduanas, Werner Ovalle, quien adelantó que el siguiente en ser habilitado es el de Sanarate, El Progreso.
En lo que va del año, las instituciones que trabajan en los PCI (SAT, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Ejército y otras) han desarrollado 221 diligencias, que han dejado Q4.4 millones en mercaderías incautadas, de acuerdo con la Intendencia de Aduanas de la SAT.
Construcción es permanente
Los terrenos donde se ubican los puestos son estatales. Como aporte del sector privado, se gestiona un inmueble que se donará a la SAT para construir de forma permanente el PCI de Pajapita, que por ahora es temporal, dijo Axel Romero, gerente de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala.
El objetivo es apoyar en la recuperación de la presencia del Estado y mejorar el control en esta área fronteriza con México, por donde se da el mayor flujo de comercio ilícito.
“La idea es que las fuerzas de seguridad tengan ahí módulos habitacionales y sus recursos, para fortalecer el proceso de reacción, y que la SAT tenga instalaciones más cómodas para su personal”, concluyó Romero.