Este día cobró vigencia la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, conocida como Ley Antitrámites, que forma parte del paquete de normas que promueven el Gobierno de la República y el sector privado para el impulso de la economía.
La Ley Antitrámites guiará la modernización administrativa mediante la simplificación, agilización y digitalización de los servicios y permitirá afianzar en el país el Gobierno Electrónico, ha indicado Enrique Cossich, titular de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico.
En materia económica, el instrumento legal reducirá las gestiones para el establecimiento de empresas, lo que impulsará la atracción de inversión y, a la vez, coadyuvará con la generación de empleo.
La ley, aprobada en mayo por el Congreso de la República, establece que la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) y el Ministerio de Economía son los encargados de impulsar la simplificación de los trámites, para los servicios públicos y para la facilitación del comercio exterior y las inversiones, respectivamente.
Según el artículo 34 de la referida ley, la comisión de GAE, como encargada de impulsar la facilitación de las gestiones, deberá proponer planes y elaborar propuestas relacionadas con la agilización de los servicios que brindan las dependencias del Organismo Ejecutivo.
Ahora que la norma cobra vida, las instituciones tienen 6 meses para publicar los formularios y solicitudes en su portal web. También tienen 6 meses para la creación de un plan de simplificación de trámites y servicios que incluye el presupuesto de adquisición de software y hardwre que encamine la facilitación y automatización de procesos.
La ley también establece 1 año para que las dependencias implementen medios electrónicos y se pongan a disposición de los usuarios la información requerida, y 2 años para que en los sistemas permitan la gestión de trámites electrónicos.
