Autoridades de la SAT se trazaron objetivos para mejorar la tributación en 2021.
El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, auguró que es posible alcanzar la meta de recaudación de impuestos para este año, de Q64 mil 27 millones.
“Hay un plan de trabajo definido para mantener y mejorar la recaudación. Aunque la meta es alta, creo que vamos a cumplirla”, aseguró Díaz después de participar en la segunda reunión de alto nivel de la Mesa de Diálogo Público-Privada en Tributación Interna.
Para alcanzar el objetivo, el funcionario expuso que la SAT desarrolla, entre otros, un plan de fiscalización por sector económico, el módulo de riesgo y el fortalecimiento del sistema aduanero, con medidas como el marchamo electrónico y la labor en los Puestos de Control Interinstitucional.
También se esperan resultados positivos de los convenios con EE. UU. y México respecto del intercambio de información aduanera, todo, para combatir el contrabando y la defraudación, afirmó Díaz, quien fue confirmado por el Directorio de la SAT para que continúe al frente de la institución.
64
mil millones de quetzales se prevé percibir en impuestos.
En la reunión de la referida mesa, en la que participaron también Juan Pablo Carrasco, presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales; Alfredo Rodríguez, de la Asociación de Fiscalidad Internacional de Guatemala, y otras autoridades de la SAT, se discutieron los criterios de tratamiento de las facturas con error formal y del manejo del impuesto de solidaridad cuando se ha pagado fuera de plazo.
Díaz recordó que la mesa busca solucionar temas tributarios y facilitar el pago de impuestos. En el cónclave, “de nuevo se ha pedido al sector privado organizado que use el verificador integrado, software que puede constatar si una factura está autorizada y si el contribuyente ha pagado los impuestos que le corresponden”, añadió.
El verificador integrado está disponible en el portal de la SAT, y permite confirmar la validez de los documentos contables y evitar inconvenientes a los contribuyentes afectos en los procesos de fiscalización.
“Con esto le damos certeza jurídica a la empresa privada del país y nos permite ampliar la base tributaria”, resaltó el jefe de la SAT.
