El cumplimiento de las medidas cautelares por el caso del desalojo de personas de la comunidad Laguna Larga, Petén, expuso Jorge Luis Borrayo, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), durante las audiencias del 171 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Bolivia.
Borrayo, en representación del Estado de Guatemala, aseguró que se ha asistido con víveres a las 113 familias desalojadas en junio de 2017. Asimismo, indicó que el mandatario Jimmy Morales ordenó la compra de una finca en Petén para ubicar a los comunitarios que estaban establecidos en un área protegida de la Biosfera Maya, y que ahora se encuentran en la línea fronteriza con México.
La solución al caso debe garantizarse sin demoras, incluso la asistencia humanitaria, refirió Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH. La comisionada Margarette Macaulay recomendó que, mediante una hoja de ruta, el Estado guatemalteco articule más esfuerzos al tema.
Al ser consultado, el vicepresidente Jafeth Cabrera secundó lo expuesto por Borrayo respecto de que la medida que el Gobierno ofrece es que las personas se trasladen al inmueble que se adquirirá en Petén, para no movilizarlos a otro departamento.
Como este caso, el Gobierno ha logrado bastante, según Cabrera. “Lo que no se hizo en 20 y 30 años nosotros lo tratamos de resolver en este momento”, afirmó el vicegobernante.
