Guatemala está en la ruta para transformar las condiciones de la niñez y la adolescencia, manifestó el vicepresidente Jafeth Cabrera en el conversatorio En la ruta de la igualdad: 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se desarrolla en Santiago de Chile.
En marzo de este año, Guatemala presentó la Política Pública y Plan para la Protección de la Niñez y la Adolescencia 2017-2032, herramienta para fortalecer las estrategias relacionadas con la protección y las garantías de los menores en cada etapa de su vida, hasta los 18 años de edad.
La herramienta establece acciones interinstitucionales en favor del acceso a la educación, salud, recreación y mayores oportunidades para una vida sana de los niños y adolescentes.
En el encuentro, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), representantes de los estados de la región abordan los avances y desafíos referentes a los derechos de los referidos sectores.
Se han visto importantes logros, reflejados en la vida diaria de niños, niñas y adolescentes; sin embargo, persisten desafíos como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, expuso Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef.
La Cepal, en el marco del cónclave, ha publicado el documento América Latina y el Caribe, a 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual refiere que en las últimas 3 décadas la región ha experimentado transformaciones que han mejorado las condiciones de los países para garantizar los derechos de los menores, aunque otras han obstaculizado los avances.
Migración
De acuerdo con el informe, en el continente americano 6.3 millones de migrantes y refugiados tienen menos de 18 años. Entre las causas del fenómeno están la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades educativas, entre otros.
Pese a ello, el documento reconoce los avances en materia de protección de los derechos de la niñez migrante. “En concreto, se destaca el desarrollo de protocolos y estándares para la protección y atención a la infancia migrante en la mayoría de los países de Centroamérica”, destaca.
No obstante, agrega que se debe atender la separación de los menores de sus familias, por motivos migratorios, además de que puedan acceder a servicios sociales sin importar su estatus migratorio.
