La adjudicación de una propiedad en Chimaltenango al Ministerio Público (MP), y la distribución de dinero incautado al crimen, se conoció en la reunión del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), la cual presidió el vicemandatario Jafeth Cabrera.
El inmueble, que pasará a ser de la Fiscalía se encuentra en Los Aposentos, en la zona 1 de la cabecera departamental de Chimaltenango. Consta de 700 metros cuadrados y está valorado en Q765 mil 645, indicó Óscar Conde, secretario del Conabed.
La repartición del dinero corresponde al semestre del 1 de febrero al 31 de julio de este año, y se realizó con base en el Artículo 47 de la Ley de Extinción de Dominio, que establece que el 20 por ciento es “exclusivo para cubrir los gastos de las unidades de métodos especiales de investigación (…), las fuerzas de tarea encargadas de la interceptación aérea y marítima de drogas (del Ministerio de la Defensa)”.
Asimismo un 20 por ciento al MP, 18 por ciento al Ministerio de Gobernación (Mingob), 15 por ciento a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), 25 por ciento al Organismo Judicial (OJ) y 2 por ciento a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
En esa línea, los fondos, de Q22 millones 108 mil 220.30, del referido período, fueron distribuidos a la cartera castrense con Q1 millón 473 mil 861.35, al MP Q5 millones 895 mil 525.41 y al Mingob Q5 millones 453 mil 361. También fueron asignados a la Senabed Q3 millones 316 mil 333.04, al OJ Q5.5 millones y a la PGN Q442 mil 164.41. Además, los integrantes del Conabed aprobaron el alquiler al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) del cuarto nivel del Edificio Plaza Minerva, ubicado en Chiquimula, por un monto de Q25 mil mensuales. En la actualidad, el seguro social alquila 3 niveles del inmueble, por Q90 mil mensuales.
Pedirán fondos por canícula
Para este día se prevé que el Congreso conozca del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional las consecuencias de la canícula prolongada, que afecta desde octubre a unas 291 mil familias.
Juan Carlos Carías, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dijo que se harán dos planteamientos: desde el Protocolo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres por Canícula Extendida. En la segunda vía, la norma indica que el plan coyuntural debe proponérsele al Congreso para la resolución correspondiente, es decir, “lo que consideren (los diputados) adecuado. Estas vías se agotarán por parte del Ejecutivo para obtener una ampliación presupuestaria.
