Para contrarrestar los procedimientos ilícitos en las aduanas, el Gobierno aprobó la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduaneros 2018-2028, anunció el titular del Ministerio de Economía (Mineco), Acisclo Valladares Urruela.
La herramienta fue planteada en 2016 por el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon) y formulada por la cartera de Gobernación, recordó Valladares.
Ahora, con el aval del Consejo de Ministros, obtiene su marco institucional y el acuerdo gubernativo que la respaldará. La presentación oficial está programada para septiembre.
En el primer semestre del año, el valor de la mercadería incautada por contrabando es de Q18 millones 120 mil 584.73, de acuerdo con datos de la Intendencia de Aduanas, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La cifra supera lo decomisado en todo el año pasado, Q12 millones 703 mil 984.09, y los Q2 millones 764 mil 689.10 de 2016. El aumento se debe a las acciones contra el ingreso ilegal de productos al país, según las autoridades de la SAT.
Pese a los esfuerzos, el fisco ha dejado de percibir en los primeros 6 meses del año Q10 millones 452 mil 989.14, y los productos más decomisados son alimentos, papel higiénico, lácteos, cigarrillos y otros. Sin embargo, “más que la pérdida fiscal, impacta fuertemente a los comercios que se sitúan legalmente y que compiten lealmente, que sí pagan sus impuestos, porque cada vez que se compra un artículo contrabandeado se reduce el margen de dichas empresas (legales) y, obviamente, se hace presión a los puestos de trabajo”, consideró Valladares. En ese sentido, la política, cuya rectoría estará a cargo de la SAT y la participación de las instituciones del Consejo, entre estas la Fiscalía y el Ministerio de la Defensa, viene a articular el esfuerzo multifuncional y refleja los esfuerzos público-privados en la batalla contra el flagelo en mención, añadió el responsable del Mineco.
Tanto la SAT como el Mingob tendrán un papel preponderante en el instrumento, subrayó Valladares, pues el contrabando y la defraudación son un tema que afecta la seguridad pública, ya que se ha determinado que grupos de contrabando de mercadería son los mismos que participan en trata de personas, narcotráfico y otros.
