El presidente Jimmy Morales manifestó su consternación e indignación por el atentado en el Hospital Roosevelt, e hizo un llamado a los organismos de Estado a cerrar filas contra el crimen.
De inmediato se fortalecerá la seguridad en los centros asistenciales y se implementarán clínicas móviles para que los reos no sean movilizados a los hospitales. Estas son acciones que aplicará el Gobierno, para evitar ataques como el ocurrido ayer, indicó Morales.
Solicitó al Congreso la aprobación del préstamo para construir y remodelar la infraestructura carcelaria, y le pidió al Organismo Judicial que las órdenes para el traslado de los privados de libertad se den después de que sean evaluados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El gobernante instó a los diputados a emitir las leyes correspondientes para el trato de los privados de libertad que no son de alta peligrosidad, pero que causan hacinamiento en los centros carcelarios, un problema histórico de décadas y cuya reforma impulsa la actual administración.
Una orden judicial debe cumplirse, pero también “puede supeditarse a un examen forense del Inacif, máxime si son reos de alta peligrosidad, y que en caso de emergencia requieran asistir a los hospitales”, resaltó el jefe del Organismo Ejecutivo.
En nombre del Gobierno, Morales expresó su pesar por las 7 víctimas mortales y se solidarizó con los 12 heridos que dejó la agresión armada, adjudicada a miembros de la Mara Salvatrucha, quienes llegaron al nosocomio a rescatar al reo Anderson Cabrera Cifuentes, supuesto líder de la clica Batos Locos, de esa organización criminal, que se dio a la fuga.
“Seguiremos en la búsqueda de los responsables y pediremos que todo el peso de la Ley caiga sobre las personas que están haciendo actos de terrorismo, literalmente, contra la población”, acentuó Morales.
Gobierno está obligado a cumplir la Ley
El presidente Jimmy Morales fue enfático al señalar que la aplicación de la pena de muerte lo establece la Constitución Política de la República, y dijo no ser superior a la Ley.
El mandatario recordó que la Constitución en su artículo 18 plantea la posibilidad de aplicar la pena capital y que la misma Carta Magna le manda hacer cumplir la legislación.
“El Gobierno del presidente Jimmy Morales está obligado a cumplir la Ley”, dijo el jefe de Estado.
