Un equipo de abogados de la Contraloría General de Cuentas y de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) analizará hoy una salida jurídica para darle mantenimiento a la carretera CA2 Occidente, cuyos trabajos están paralizados por existir un contrato, supuestamente anómalo, con la firma Odebrecht.
El anuncio se hizo después de una reunión en la cual participaron Aldo García, titular del CIV; Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, del Ministerio Público (MP), y Carlos Mencos, responsable del ente auditor, quien indicó que se evalúa invitar a la Procuraduría General de la Nación para que sea parte de la discusión.
La vigencia del convenio con la empresa en mención no permite realizar otro pacto, según la Ley de Contrataciones, por lo cual los profesionales de Derecho deberán indagar y determinar si es posible hallar una solución legal, informó Mencos.
Obstáculo
García refirió que la manutención se da mediante la Unidad Ejecutora de Conservación Vial contratando a una compañía particular; sin embargo, la limitante es que existe un convenio.
Sandoval explicó que el MP no puede formar parte del grupo de jurisconsultos, porque, por su lado, lleva a cabo una investigación de índole penal por la forma en que se dio el pacto.
Mientras el asunto se dilucida en las instancias correspondientes, el CIV busca los mecanismos para no perder el avance de la obra.
García añadió que el tramo que está siendo afectado por no poder dársele el mantenimiento respectivo es de 100 kilómetros, desde San José El Ídolo, Suchitepéquez, hasta la frontera Tecún Umán, en San Marcos.
