Una persecución judicial intensa y la criminalización de actores que defienden la democracia por parte del Ministerio Público (MP) revela el informe 2023, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por tercer año consecutivo incluyó a Guatemala en su análisis sobre la situación de las garantías fundamentales.
La CIDH documentó que esta situación se venía agravando desde 2021 y que para el año pasado el deterioro del Estado de derecho se agudizó. Según el documento, el MP intervino en el proceso electoral, cuando Bernardo Arévalo y Karin Herrera ganaron la Presidencia y Vicepresidencia, a pesar de que la Constitución faculta solo al Tribunal Supremo Electoral para tales acciones.
“El ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales quedó de manifiesto durante las elecciones generales de 2023, por injerencias del Ministerio Público, seriamente cuestionadas en los ámbitos nacional e internacional, que pusieron en entredicho los resultados del proceso, socavando y contrariando el Estado de derecho, colocando en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”, según el informe.
Similitudes
La CIDH habla en su reporte de la situación de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua e incluye a Guatemala ante los graves retrocesos (que hubo) en la lucha contra la impunidad y la corrupción, debido a los ataques e injerencias contra la independencia de aquellos órganos que destacaron por su trabajo independiente e imparcial, como Cortes, fiscalías y jueces independientes.
Por su parte, el MP rechazó los señalamientos y dijo en su cuenta oficial de X que “sus pronunciamientos no solo evidencian desconocimiento y sesgo, ya que la Fiscalía está obligada a investigar todas las denuncias, por lo que no hacerlo o sugerir que no se haga representa impunidad y vulnera gravemente los derechos de las víctimas que presentan las quejas”.
La Fiscalía, al mando de Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por 42 estados que le han prohibido ingresar en sus territorios por socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción, inició investigaciones en 2023 contra el partido Movimiento Semilla, que llevó al presidente Arévalo al poder. También, allanó y secuestró documentos electorales, incluidas boletas de votaciones, e inició procesos contra trabajadores y autoridades electorales buscando anular las elecciones.
El deterioro de la situación se agudizó, indicó la CIDH, con el fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en 2019, un órgano de Naciones Unidas que durante 12 años investigó cuerpos de seguridad paralelos dentro del Estado. Sostuvo que la criminalización y hostigamiento a operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas se debió a la intromisión del MP en funciones de otros organismos.
