Gustavo Villagrán y Luis Carrillo Redacción
La votación para integrar la nómina de aspirantes a magistrados de las Cortes de Apelaciones (CA) comienza hoy, en una sesión pública en la Universidad Rafael Landívar, en medio de exigencias y demandas de diferentes sectores sociales que piden transparencia en las nominaciones.
Los listados de aspirantes a CA y Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben ser entregados el lunes 23 de septiembre al Congreso de la República, que tendrá la tarea de designar a los magistrados titulares y suplentes para los próximos cinco años, “pero deben ser profesionales probos y sin señalamientos de que defienden a corruptos”, señalaron entidades como el Grupo de Estudiantes Interuniversitarios de Derecho.
Esta instancia llamó a la ciudadanía a defender y exigir un sistema de justicia honorable, íntegro e independiente y rechazó que personajes vinculados con actores corruptos y que criminalizan a defensores de derechos humanos sigan en la carrera por lograr una magistratura.
Independientes
En esa misma línea, Omar Carrera y Nancy Gómez, del Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado, coincidieron en que es imposible ignorar que Guatemala necesita Cortes honorables e independientes.
Por ello, “causa malestar que en los listados de ambas comisiones estén incluidos candidatos cuya trayectoria es perjudicial para el sistema de justicia”, enfatizó Gómez.
“Las comunidades religiosas confían en que en las nóminas que lleguen al Congreso no figuren abogados, jueces y funcionarios que han sido señalados por estar involucrados en actos de corrupción, porque han violento derechos humanos o favorecido la impunidad, y muchos de ellos, incluso con sanciones internacionales”, detallaron los dirigentes.
La Asamblea de Pueblos y Organizaciones Indígenas rechazó que los comisionados hayan calificado con punteos que mantiene en la carrera a aspirantes como Gilberto de Jesús Porres, esposo de la fiscal general Consuelo Porras, y Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por carecer de idoneidad.
El Foro de Organizaciones No Gubernamentales también demandó un proceso transparente e idóneo que permita la elección de profesionales honorables, con capacidad y probos, “para salir de la crisis judicial en la que hemos estado inmersos como sociedad desde hace muchos años”. La entidad agregó que no deben ser electos personajes señalados como defensores de corruptos, proimpunidad y ligados a grupos mafiosos, cuyas acciones son antidemocráticas.
En manos del Congreso
Todas las organizaciones coincidieron en exigir a los diputados que sean conscientes a la hora de elegir a los nuevos magistrados, pues en sus manos tienen el rescate de la justicia, como exigen los ciudadanos.
El presidente Bernardo Arévalo pidió a los comisionados actuar de forma independiente y señaló que este proceso de elección de Cortes es “fundamental” en medio del momento que vive Guatemala.
Entre 2019 y 2024, las Cortes estuvieron en un limbo sin renovación debido a que una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mostró el amaño del proceso de elección.
Todo quedó paralizado hasta 2023, cuando tomaron posesión los actuales togados que culminan el período que debió empezar hace cinco años.
Podría haber complicaciones
El proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA) del período 2024-2029 podría enfrentar complicaciones, debido a una serie de amparos interpuestos por diversos aspirantes que busca revertir su exclusión.
Estos recursos legales amenazan con retrasar el trabajo de las comisiones de postulación, encargadas de presentar los listados finales de candidatos antes del próximo lunes 23 de septiembre.
Raúl Arévalo, presidente de la Comisión de Postulación de Apelaciones, señaló esta semana que la elaboración de la nómina de candidatos podría sufrir un atraso por las acciones interpuestas contra el ente postulador.
Hasta el martes, la comisión había sido notificada de 25 amparos, tres de los cuales han sido resueltos a favor de los aspirantes, lo que obligó a la reincorporación de los abogados Olga Lucrecia Morales Aragón, Claudia Cáceres Arriaza y Oscar Enoc Ruiz Barillas, quienes originalmente habían quedado fuera por no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Por el contrario, la postuladora para la CSJ ha recibido solo tres amparos, ninguno de los cuales ha sido dado a lugar hasta el momento, lo que permite que el proceso avance sin mayores contratiempos en ese frente.
El abogado Edgar Ortiz comentó que la situación era previsible, ya que los amparos son una herramienta utilizada para tratar de forzar retrasos en la selección. “Esto ha hecho que los comisionados sean muy cautelosos al calificar y aceptar tachas”, afirmó. Subrayó que a pesar de las dificultades, el proceso ha continuado su curso de manera fluida.
Kevin López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), sostuvo que, si bien los amparos han afectado parcialmente el desarrollo de la selección, no representan un riesgo significativo. “Son acciones legales muy específicas y no han puesto en cuestión el proceso en su totalidad”, explicó López, quien destacó el formalismo con el que han trabajado las comisiones, lo que ha permitido que el proceso avance dentro de los plazos previstos.
