Su preocupación por las acciones contra funcionarios del Gobierno de Guatemala manifestó ayer la Unión Europea (UE), al referirse a la solicitud de retiro de inmunidad, por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), al presidente Bernardo Arévalo.
La decisión de pedir el antejuicio contra Arévalo, por un supuesto caso de corruptela, se enmarca en “un patrón más amplio y altamente preocupante de acusaciones e investigaciones políticamente motivadas que apuntan al gobierno actual”, detalló el foro del Viejo Continente.
Según un pronunciamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), “la UE ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el uso indebido y la instrumentalización del sistema judicial, en particular a raíz de las elecciones de 2023 y de los esfuerzos en curso por anular la voluntad del pueblo guatemalteco”.
Represalia
En su informe preliminar, luego de una verificación en Guatemala del 22 al 26 de julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió un ambiente de polarización política y consecuentes riesgos a la gobernabilidad.
La entidad observó la manipulación de las leyes para la persecución contra defensores de derechos humanos, activistas yperiodistas que defienden la democracia, así como operadores de justicia que formaron parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Además de legisladores, estudiantes, profesores, políticos, funcionarios públicos, campesinos, sindicalistas y hasta contra el propio presidente Arévalo y la vicemandataria
Karin Herrera.
En tal sentido, la CIDH mencionó que aunque se negara que exista una práctica de criminalización, “se observa la enorme cantidad de personas que han sido o se encuentran investigadas”.
Alejandro Balsells, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), se refirió a la persecución contra funcionarios del Ejecutivo. “El punto medular es la ausencia o la complicidad del sistema judicial. Por ejemplo, lo que le hacen a Ligia Hernández (directora del Instituto de la Víctima) es una clara persecución o consecuencia a la visita de la CIDH. Aquí hay un ataque, desde el Organismo Judicial, al cumplimiento de la ley”, detalló.
Por su parte, la vicegobernante Karin Herrera expresó: “Yo lo que espero es una postura objetiva en todo esto y que prevalezca la justicia”.
El supuesto caso de corrupción en el que se señala a Arévalo fue anunciado por la FECI, el miércoles 21 de agosto. El origen es el despido, en mayo pasado, de la ministra de Comunicaciones en aquel momento, Jazmín de la Vega, a quien el gobernante destituyó después de que realizó pagos
arbitrarios a empresas constructoras sin autorización.
“La UE se mantiene firme en su compromiso de apoyar la democracia en Guatemala y permanece vigilante ante cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de derecho”, señaló la SEAE.
Presentan querella
Una querella fue presentada ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por diputados del Movimiento Semilla, contra la FECI, por abuso de autoridad, infracción de privilegio y denegación de justicia.
Los parlamentarios sostienen que, a pesar de que el presidente Bernardo Arévalo goza de inmunidad, se presentó el caso Mecanismo de Corrupción Micivi en el que se le menciona.
