EFE
La Unión Europea aseguró este jueves que la decisión de la Fiscalía de Guatemala de solicitar la retirada de inmunidad del presidente del país, Bernardo Arévalo de León, por un supuesto caso de corrupción se enmarca en “un patrón más amplio y altamente preocupante de acusaciones e investigaciones políticamente motivadas que apuntan al gobierno actual”.
“La UE ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el uso indebido y la instrumentalización del sistema judicial, en particular a raíz de las elecciones de 2023 y de los esfuerzos en curso por anular la voluntad del pueblo guatemalteco”, dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.
El supuesto caso de corrupción fue anunciado por el fiscal Rafael Curruchiche y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, ambos sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea bajo graves señalamientos de corrupción y de querer modificar los resultados electorales de 2023, y la denuncia procede del dirigente de una fundación de extrema derecha también sancionado por Estados Unidos.
El origen es el despido en mayo pasado de la ministra de Comunicaciones en aquel momento, Jazmín de la Vega, a quien el gobernante destituyó después de que emitiera pagos a empresas constructoras sin su autorización, algo que consideró ilegal.
“La UE se mantiene firme en su compromiso de apoyar la democracia en Guatemala y permanece vigilante ante cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de derecho”, señala el portavoz del SEAE, que recordó que la UE impuso las sanciones a Curruchiche, Pineda y otras tres personas el pasado febrero.
Curruchiche, Pineda y la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, emprendieron en 2023, tras el triunfo electoral de Arévalo de León, una persecución judicial en contra del ahora gobernante, que denunció en septiembre de ese mismo año un “golpe de Estado” en su contra para evitar que tomara posesión en enero de 2024.
La persecución judicial en contra del Movimiento Semilla y Arévalo de León, con varios casos judiciales en su contra, llegó después de que el académico ganara las elecciones presidenciales en 2023 con un discurso anticorrupción.
