Por violar la Constitución y cometer abuso de autoridad, el Ejecutivo presentó una nueva solicitud de retiro de antejuicio contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
La petición, presentada ayer ante la Corte de Constitucionalidad (CC), obedece a que Porras continúa con acciones que atentan contra el Gobierno y la voluntad del pueblo, expresada libremente en las urnas, anunció el presidente Bernardo Arévalo, quien señaló que la jefa del MP ha evidenciado ser la principal cómplice de una minoría corrupta y actor antidemocrático, decidido a cometer ilegalidad para defender intereses de quienes se sienten amenazados por este proceso de transformación.
El mandatario, acompañado de la vicepresidenta Karin Herrera y el Gabinete de Gobierno, aseguró que las “desesperadas declaraciones de la fiscal, el miércoles por la noche, revelan su boicot al Ejecutivo y a sus funcionarios, a quienes les expresamos nuestro total respaldo”.
Arévalo agregó que los cuestionamientos hacia el Gobierno desde la Fiscalía son una señal clara de que a los corruptos les aterra la verdad y la transparencia, así como rendir cuentas, porque no saben hacerlo, pues han vivido traicionando al pueblo. Reafirmó que esta administración cumple con su compromiso de luchar contra la corruptela.
“Es un mandato que recibió del pueblo y eso aterra a quienes viven de la codicia, del engaño y se han alimentado a costa de la gente, al haber cooptado la justicia y las instituciones”, señaló el jefe de Estado. Arévalo recalcó que en su gestión no se tolerará que personajes oscuros violen la Constitución, procurando impunidad como lo ha hecho Porras al buscar protección ante instancias que le han seguido el juego.
Por ello, junto a la Procuraduría General de la Nación (PGN) también “he solicitado a la CC la revocatoria del amparo provisional otorgado el 8 de mayo a favor de la fiscal, considerando que no existe y nunca existió la amenaza de violaciones a la Carta Magna denunciada por la señora Porras”, expresó el dignatario.
El pueblo no la quiere Arévalo manifestó que es evidente el deseo del pueblo de que Porras ya no esté en el cargo de Fiscal General.
“Los ciudadanos lo han manifestado de manera consistente y continua, desde la época electoral, durante la transición y sigue siendo una demanda permanente”, sostuvo.
“Nosotros haremos lo que nos corresponde, en el marco de la ley, para que, efectivamente, ella abandone el puesto en la medida en que se ha convertido en un obstáculo a la justicia”, expresó el dignatario, quien insistió en la amenaza que representa la encargada del Ministerio Público para la democracia.
Ataque
Antes de la conferencia de prensa del mandatario, el Diario de Centro América consutó a analistas políticos y constitucionalistas acerca de los cuestionamientos recientes de la fiscal contra Arévalo, Herrera y otros funcionarios.
Todos coincidieron en que se trata de una medida desesperada, fuera de su competencia, una nueva embestida que busca perjudicar al Gobierno.
Edgar Ortiz, abogado y constitucionalista, criticó la postura de Porras, al señalar que el discurso de la jefa del ente pesquisidor tiene una clara intención de atacar al Ejecutivo.
“Es más propio de un opositor político que de un Fiscal General; incluso, fuera de los márgenes de cualquier código de conducta de un Fiscal”, comentó Ortiz.
Los señalamientos de Porras contra el Presidente y varios funcionarios no tiene validez. “Aquí, el tema está en que, evidentemente, sí hay una intención de la Fiscalía de atacar la figura presidencial, y el trabajo del Ejecutivo”, explicó Ortiz.
Por su parte, Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, se mostró crítico con las acciones de Porras, y afirmó que ella no tiene la solvencia para exigir resultados al gobernante. “Está fuera de su ámbito de acción constitucional”, subrayó Marroquín.
Necesario accionar
Marroquín destacó la necesidad de que el Ejecutivo tome medidas ante estos abusos que, a claras luces, violan la ley.
Percibió las actitudes de la jefa del MP hacia el gobernante como una falta de respeto, ataque a la figura presidencial y la intención de desestabilizar al Gobierno.
Por su parte, Renzo Rosal, analista político independiente, señaló que está claro que el Ministerio Público está en una etapa de cacería.
“Creo que lo que buscan es precipitar acciones, una nueva etapa de embestida, que buscaría, inclusive, presionar a la CC, para ver si se pudiera agilizar la salida del mandatario.
Rosal añadió que esta práctica busca utilizar mecanismos “de legalidad” para activar o incrementar el asedio autoritario.
Bajo asedio
Gustavo Berganza, experto en asuntos políticos, manifestó que el gobierno de Arévalo ha sido encerrado por la fiscal y la Corte de Constitucionalidad en un aparente callejón sin salida.
“El régimen no puede ejecutar obra pública, no puede perseguir a acusados de corrupción y, ayer (el pasado miércoles), como guinda la Comisión de Finanzas del Congreso le negó la ampliación presupuestaria, en un anticipo de cómo manipulará el Presupuesto de 2025”, detalló Berganza.
“Agreguen el escandaloso fallo de la CC que mantiene a Jorge Mondal en el Bantrab (Banco de los Trabajadores), es una confirmación de que el statu quo también le niega la posibilidad (al Presidente) de despedir a los corruptos. En cambio, la fiscal exige destituir a quienes le caen mal”, comentó el experto.
Mensajes desesperados
Como débil y desesperado calificó el diputado Samuel Pérez, electo por el Movimiento Semilla, el mensaje de la fiscal Consuelo Porras, en el cual alude al presidente Bernardo Arévalo en temas que únicamente le competen al Ejecutivo.
“De nuevo intenta abrir un proceso en contra del Gobierno y, en general, el Presidente y funcionarios mediante el uso de tuits. Ese no es un caso que se sostenga y, mucho menos, que pueda tumbar al jefe de Estado, quien fue legítimamente electo. Ya son medidas completamente desesperadas”, afirmó el legislador.
Contra la libertad de expresión
En la petición de debida ejecutoria solicitada por la fiscal general Consuelo Porras a la Corte de Constitucionalidad, la funcionaria señala el trabajo del Diario de Centro América y la radio TGW como obstáculo para la averiguación penal.
En el documento se alude directamente a los directores de ambos entes de prensa. De esta misma manera, el Ministerio Público actuó contra el desaparecido elPeriódico y su Presidente Jose Rubén Zamora, lo cual fue considerado por instancias nacionales e internacionales de derechos humanos como una violación a la libertad de expresión.
La persecución contra periodistas llevó a Zamora a la prisión y a varios más a irse al exilio.
Posturas de funcionarios
La vicepresidenta Karin Herrera se pronunció ante el video difundido por el Ministerio Público, con mensajes de la fiscal Consuelo Porras, en los que señala al mandatario Bernardo Arévalo. “Como se ha expresado, los organismos son independientes, y cada uno toma sus decisiones de acuerdo con los mandatos de la ley. Y el Presidente ha tomado sus decisiones conforme al mandato que la legislación le otorga”, puntualizó.
En esa misma línea, el ministro de Finanzas, uno de los aludidos en la acción de debida ejecutoria presentada por Porras, afirmó: “El Gobierno y el presidente Bernardo Arévalo luchan para que Guatemala avance hacia el grado de inversión y otros hacen lo posible por convertirnos en un país de incertidumbres. Lamentable”.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia calificó la acción de Porras como absurda y sin sentido. “Una fiscal débil y desesperada que se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública, a la población. Además, un evidente atentado contra la libertad de expresión”, puntualizó.
