J. Santizo/G. Villagrán/ L. Carrillo/ R. Pérez Redacción
Condena y rechazo causó entre diferentes sectores del país la información acerca del secuestro del padrón electoral por parte del Ministerio Público (MP), lo cual fue calificado como una “grave e injustificable intromisión”, de acuerdo con el Artículo 224 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, señaló que el Gobierno urge a las autoridades competentes del sistema judicial corregir las acciones que han permitido el abuso institucional a manos del MP.
El funcionario agregó que estos últimos acontecimientos deben ser objeto de sanciones, especialmente contra quienes resulten responsables.
Asimismo, el Ejecutivo hizo un llamado a los partidos políticos y a las autoridades electas en los comicios de 2023: alcaldes, concejales, síndicos y diputados, a manifestarse en contra de “este flagrante atropello a la voluntad popular”.
“Es necesario defender el derecho al voto ejercido libremente por millones de guatemaltecos y la representación que el pueblo de Guatemala les delegó”, dijo el secretario.
Palomo agregó que el secuestro del padrón es una expresión clara de los retos y amenazas que la democracia enfrenta no solo en Guatemala sino en América Latina.
Que se resguarden los datos
El MP tiene la obligación de proteger los datos que están en la computadora que se llevó, con información de 9 millones 800 mil electores que votaron en las pasadas elecciones generales, expresó Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Alfaro insistió que se trata de un documento sensible y, por lo tanto, los datos allí contenidos deben ser salvaguardados para protección de la ciudadanía empadronada.
“El ente investigador, día a día, le hace requerimientos al TSE”, agregó la magistrada.
Preocupante y lamentable
“Son lamentables estas acciones de acoso permanente que ha mantenido el MP por más de un año. Insisten en evidenciar un fraude que solo existe en su imaginación”, afirmó Victoria Palala, diputada electa por el Movimiento Semilla.
Asimismo, dijo que el ente encargado de la persecución penal secuestró “equipo de cómputo con información sensible de todos los que estamos empadronados y es delicado que tengan el nombre completo, número del Documento Personal de Identificación y dirección. Están pasando fronteras y están poniendo en riesgo a los que han ejercido el derecho al voto”, agregó.
Por su lado, Samuel Pérez, también de Semilla, señaló que esta “es una falta grave que rebasa cualquier medida que habían tomado anteriormente. No solo es un riesgo para la democracia porque insiste el MP en traerse abajo el proceso electoral, sino que ahora vulnera la seguridad del pueblo de Guatemala porque es información sensible” la que se llevaron, indicó.
Los datos los pueden utilizar para “espiar, amenazar y establecer redes de gente que pueda ser incómoda para el MP y sus planes golpistas”, subrayó Pérez.
Andrea Reyes, legisladora del mismo partido, añadió que ven “con profunda preocupación el accionar de la Fiscalía, porque lo que secuestró es la base de datos completa y esta puede ser sujeta de manipulación”.
La postura de la Fiscalía
Desde el Ministerio Público (MP) se informó que “es totalmente falso e irresponsable señalar que se secuestró el padrón electoral”. Adicionalmente, indicó que en el marco de las investigaciones del caso Corrupción Semilla en su Fase 3, el ente investigador realizó diligencias autorizadas por juez contralor, con base en un expediente que se encuentra bajo reserva, por lo que llama la atención que se difunda la información de un expediente que se encuentra en esas condiciones”, enfatizó la entidad pesquisidora en un comunicado de prensa.
Acciones no han parado
25 de junio de 2023, se celebra la primera vuelta electoral. El Movimiento Semilla pasa a segunda ronda.
12 de julio, la FECI anuncia que el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
13 de julio, el MP allana el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para secuestrar información relacionada con el partido político Movimiento Semilla.
22 de agosto, MP solicita retiro de antejuicio contra director general del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz Jordán.
12 y 13 de septiembre, FECI incursiona en Centro de Operaciones del Proceso Electoral, donde abre cajas que contenían votos de los comicios del 25 de junio.
27 de septiembre, el MP solicita el retiro de inmunidad a los cinco magistrados titulares y tres suplentes del TSE, por supuestas anomalías en la adquisición del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
29 y 30 de septiembre, la FECI allana el TSE y extrae cajas con miles de documentos originales que avalan la primera vuelta electoral.
30 de noviembre, el Congreso retira la inmunidad a cuatro magistrados titulares del TSE.
24 de julio de 2024, se conoce que miembros de las Juntas Receptoras de Votos son indagados por el MP.
20 de julio de 2024, el MP se lleva el padrón electoral.
