EFE
Hernández, quien ejerció el poder durante ocho años (2014-2022), los últimos cuatro de manera irregular porque la Constitución de Honduras no permite la reelección bajo ninguna modalidad, fue extraditado en abril de 2022 a EE.UU., acusado por ese país de tres delitos asociados al narcotráfico, por los que en marzo pasado fue declarado “culpable” en Nueva York.
La opinión casi generalizada de expertos, abogados y analistas en Tegucigalpa y Nueva York, es que Hernández será condenado a al menos una cadena perpetua, más 30 años, la misma sentencia que en marzo de 2021 recibió su hermano Juan Antonio Hernández, quien también enfrentó un juicio en Nueva York por narcotráfico.
Para Mike Vigil, exjefe estadounidense de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el exmandatario hondureño será condenado a cadena perpetua, porque el juez Kevin Castel, que ha llevado el caso en Nueva York, “sabe perfectamente bien que Juan Orlando Hernández era la cabecilla intelectual de esta conspiración” para enviar droga a Estados Unidos.
EE.UU. hizo lo que le correspondía a la Justicia hondureña
Vigil dijo al Canal 3 de Tegucigalpa que Hernández, además, se habría aprovechado como presidente del país y titular del Parlamento (2010-2014) para convertir a Honduras en “un narcoestado”.
El exmandatario fue entregado a Estados Unidos, esposado de pies y manos, antes de que se cumplieran tres meses de haber finalizado su segundo mandato, el 27 de enero de 2022.
La sentencia contra Hernández es esperada en Honduras entre el júbilo de algunos sectores porque EE.UU. hizo lo que le correspondía a un sistema de Justicia hondureño corrupto desde hace muchos años; el rechazo de una minoría que considera que es “inocente”, y la reiterada posición de su familia, encabezada por su esposa, Ana García, que considera que se ha cometido una injusticia contra el exgobernante de 55 años.
Una de los hijos del expresidente difundió este martes un video en redes sociales en el que afirma que la Fiscalía de Nueva York intentó pintar a su padre “como un enemigo de los Estados Unidos, usando testimonios de narcotraficantes y asesinos confesos”.
Ana García reiteró por su parte que tiene la fe de que Dios “hará justicia” a su familia “y se reconocerá la inocencia” de su esposo.
Aunque, “pudiera ser que los malos que odian a mi esposo sigan ejerciendo su influencia malintencionada para ensañarse con una condena injusta”, añadió.
Hasta ahora, ninguna petición de la defensa de Hernández, del mismo exgobernante y de su esposa hecha al juez Castel para que no sea sentenciado a cadena perpetua o que se le declare inocente, ha tenido eco en Nueva York, donde este miércoles también habrá muchos hondureños esperando el veredicto.
Tampoco fueron tomadas en cuenta las reiteradas afirmaciones de Juan Orlando Hernández de que en su Gobierno luchó contra el tráfico de drogas, que durante su Administración comenzaron las primeras extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, y el reconocimiento a su labor que tuvo por parte de altos cargos del Gobierno de Estados Unidos.
El narcotráfico en Honduras se comenzó a asomar a mediados de la década de 1970 y fue creciendo a la vista de todas las autoridades del país, salpicando a la vez a políticos, entre ellos diputados del reciente pasado y del actual Parlamento, empresarios y militares, entre otros.
La sentencia de Juan Orlando Hernández de este miércoles, la primera contra un expresidente de Honduras por narcotráfico, supone un replanteamiento del sistema judicial del país centroamericano, que se ha convertido no solo en lugar de tránsito de la droga procedente de América del Sur, sino también en productor de arbustos de hojas de coca y procesador de cocaína.
