Redacción, EFE
Los primeros meses en el cargo han sido una montaña rusa tras haber encontrado un Estado en condiciones críticas ante los indicios de que entre 2 mil millones y 3 mil millones de dólares fueron malversados durante la presidencia de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Así lo aseguró el titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Santiago Palomo, quien explicó que el tiempo que lleva en el puesto ha sido intenso, debido al trabajo que se debe realizar para sanear las instituciones.
“Estamos intentando navegar en un Organismo Ejecutivo que recibimos en condiciones críticas”, afirmó.
Antecedente
El Índice de Percepción de Corrupción de 2023 ubicó a Guatemala entre los cinco países con más malversación de fondos estatales, detrás de Haití, Nicaragua, Venezuela y Honduras.
Palomo resaltó que la corrupción hallada operaba bajo un mismo patrón: “Desembolsos financieros relevantes del 70 al 90 por ciento para la construcción de obras públicas que están tiradas, como escuelas y carreteras, cuyo avance no supera el 30 o 40 por ciento”.
De acuerdo con la autoridad, así funcionaban estas estructuras dedicadas a saquear las arcas del Estado. “Ahora mismo siguen intentando operar”, remarcó.
Casos denunciados
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo denunció ante los tribunales de justicia el pasado 4 de abril a Amelia Flores, exministra de Salud de Giammattei, por supuestos ilícitos en la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, en 2021, por 615 millones de quetzales.
La semana pasada, Palomo, junto a la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, señaló a dos exfuncionarios por un posible fraude en la asignación de contratos a una empresa para la construcción de 14 escuelas por montos que oscila de 45 millones y 60 millones de quetzales, entre otras anomalías detectadas en las entidades del Estado.
El funcionario aseguró que asumir el brazo anticorrupción de este gobierno por los próximos cuatro años es “una gran responsabilidad” y una “oportunidad para mejorar la dignidad del servicio
público”.
MP, un obstáculo
El encargado de la CNC explicó que el Organismo Ejecutivo debe detectar y evitar los casos ilegales que ocurran en su período de gestión, pero que es el Ministerio Público (MP) al que “le corresponde investigar y judicializar”.
Sin embargo, “la Fiscalía no tiene un compromiso real para indagar acerca de los graves hechos de corruptela y no es una aliada en la tarea mencionada”, lo que se convierte en un desafío real, reconoció el comisionado.
La administración del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrara no pretende dejar de denunciar las anomalías, remarcó.
En 2023, el MP, dirigido por Consuelo Porras Argueta, intentó frenar la victoria electoral del dignatario actual en las elecciones generales, por medio de diversos procesos penales.
Su actuación fue sancionada por decenas de gobiernos en todo el mundo, incluidos el de Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea.
