Redacción, EFE
Sanciones contra cinco funcionarios de este país, por intentar socavar la democracia e impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de León, impuso ayer el Gobierno de Suiza.
La medida es contra la jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras; el secretario general del ente pesquisidor, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y la fiscal Leonor Morales Lazo.
Además, se extiende al juez Fredy Orellana, quien, según la sociedad civil, analistas políticos y defensores de derechos humanos, es aliado de los citados y apoya acciones que atentan contra la voluntad cívica del pueblo y fomentan la corrupción.
La medida de Suiza se suma a la tomada por la Unión Europea el pasado 2 de febrero, cuando ese bloque anunció restricciones contra los aludidos.
30 naciones de Europa y Norteamérica han impuesto medidas contra los señalados.
Prohibición
Con la decisión, que entró en vigor ayer por la tarde, la Confederación prohíbe a Consuelo Porras y a los otros tres miembros del MP, así como al juez Orellana entrar en la nación helvética y los somete a sanciones financieras.
Luego de su victoria en los comicios de agosto de 2023, Arévalo atravesó dificultades para ser investido como Presidente, debido a que la Fiscalía intentó truncar su triunfo en las urnas con diversos casos penales contra él y el partido político Movimiento Semilla.
Luego de conocer el veto de Suiza, el MP afirmó que los señalamientos son espurios, tendenciosos y antidemocráticos. Además, consideró que se abusa de las relaciones diplomáticas que debiesen ser para garantizar el respeto de los derechos de los Estados partes.
