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Un juez estadounidense suspendió ayer la entrada en vigor de una polémica ley de Texas, que permitía a las autoridades policiales arrestar, detener y expulsar a migrantes, de quienes sospechen que ingresaron de forma ilegal en Estados Unidos.
La normativa, firmada por el gobernador Greg Abbott y que se preveía entraba en efecto el próximo lunes, es una de las medidas más drásticas en este tema después de una promulgada en 2010 en Arizona. La Ley SB4 también facilitaba a los jueces locales ordenarles que abandonaran el país hacia México, para no procesarlos.
En síntesis, criminaliza la inmigración indocumentada, y sus críticos sostienen que es inconstitucional porque aborda aspectos que son de exclusivo manejo del gobierno federal.
Además, se contemplaba que si el extranjero no cumplía con la orden del juez o contaba con antecedentes criminales, el delito conllevaría una pena máxima de 20 años de prisión; por ello, organizaciones de derechos humanos demandaron al Gobierno de Texas por considerar que la regulación es inconstitucional y sustituye a la legislación federal, promueve la discriminación racial, el acoso y autoriza a las fuerzas de seguridad locales a efectuar deportaciones sin el debido proceso, y sin importar si los inmigrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias.
Por otra parte, la Cancillería de México señaló que la norma implica una criminalización de la población migrante y redunda en la separación de familias, discriminación y perfilamientos raciales.
