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A sus 42 años y después de 15 de trabajar en EE. UU., el hondureño Edwin Franco, operador de equipos pesados, ha debido enfrentar el dilema de trasladarse a otro estado o afrontar el riesgo de ser deportado, como muchos otros miles de indocumentados en Florida.
Mañana entra en vigor la ley promovida por el gobernador Ron DeSantis, candidato a las primarias presidenciales republicanas de 2024, que castiga duramente la inmigración irregular en una provincia con una gran dependencia de la mano de obra extranjera.
Organizaciones proinmigrantes calculan que hay unos 400 mil indocumentados que laboran en el referido territorio, principalmente en sectores como agricultura, construcción y hostelería, donde significan el 10 por ciento de la mano de obra.
Franco es uno de ellos
La empresa de la que dependía desde hace ocho años tomó la decisión de despedirlo a él y a otros 25 empleados para evitarse problemas cuando la ley esté vigente, por lo que él tendrá que hacer las maletas y marcharse.
La normativa SB 1718 obliga a las empresa de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno, so pena de multas y de retirada de los permisos para operar, entre otras medidas draconianas y “antiestadounidenses”, según la han tachado algunos de sus críticos.
