Hilda Rodríguez
Consultora Individual
Dirección de Investigación y Análisis para el Desarrollo Institucional
En 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo llevada a cabo en el Cairo y liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se establece la agenda para generar opiniones y planes con distintos gobiernos sobre los derechos humanos, la población, la salud sexual y reproductiva, la igualdad entre los géneros y el desarrollo sostenible; lo que dio como resultado el Programa de Acción de la CIPD, y se definió en un plan para incentivar la importancia de los vínculos entre los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, población y el desarrollo, desde la urbanización, la migración y el envejecimiento hasta las estructuras familiares en evolución, así como la importancia de ocuparse de los derechos de los jóvenes.
En cumplimiento de la ley en mención, se promueve la Política de Desarrollo y Población.
En consecuencia, Guatemala promueve la Ley de Desarrollo Social a través del Decreto número 42-2001, el cual tiene como objeto implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención; Acompañado de ello, en cumplimiento de la ley en mención, se promueve la Política de Desarrollo y Población en la que el Organismo Ejecutivo establece medidas para promover las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que faciliten el acceso de toda la población a los beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad y equidad de acuerdo con la dinámica y características propias de la población guatemalteca.
A través del tiempo, Guatemala se ha comprometido a proteger los derechos de las mujeres por medio de otros instrumentos internacionales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015); los cuales se incluyen entre los referentes para el país, con el objeto de fundamentar la creación de leyes y políticas en atención a la mujer y su protección buscando una sociedad más equitativa y sostenible.
