Suministro y distribución de energía eléctrica, primer tema que será abordado.
En enero pasado se realizó la presentación por parte del ministro de Gobernación, Gendri Rocael Reyes, de la Estrategia para la Atención y Abordaje de la Conflictividad Social en el territorio nacional, a los 22 gobernadores departamentales.
Con el objetivo de dar a conocer un documento que servirá para la identificación, priorización y atención de los conflictos sociales en sus departamentos, debido a que es necesario para el país contar con una estrategia que permita trabajar y buscar soluciones a la problemática que existe desde hace años en las comunidades.
Para la elaboración del documento, se tomó en cuenta que en nuestro país la conflictividad social tiene orígenes históricos, estructurales y coyunturales, los cuales en 2020 alcanzaron los 1 mil 871 casos de diferente índole como: agrarios, cívicos, políticos o culturales, por energía eléctrica, políticas públicas o recursos naturales, mismos que se han registrado a nivel nacional, principalmente en Alta Verapaz, Quiché y Guatemala.
En seguimiento a la estrategia se acordó iniciar con el trabajo, por medio de mesas técnicas a la problemática del suministro y distribución en la energía eléctrica, en donde se priorizaron 8 departamentos: Quiché, Zacapa, Izabal, Huehuetenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos y Quetzaltenango.
La estrategia es impulsada desde el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, y la conformación de las mesas técnicas está a cargo de los gobernadores departamentales, y cuenta con la participación de representantes del Ministerio de Gobernación, Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), Policía Nacional Civil, Ministerio de Energía y Minas, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, municipalidades y la sociedad civil. El abordaje de la conflictividad social es necesario debido a que esta genera violencia, ingobernabilidad y zozobra en la población, por lo cual como parte de la estrategia se establecerá un sistema de alerta temprana y respuesta, y la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación.
