En el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19 ha aumentado el riesgo de la violencia contra las mujeres y grupos vulnerables. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia giró una circular a jueces de Paz, jueces de Primera Instancia de Familia, jueces de Primera Instancia de Delitos de Femicidio y jueces de Primera Instancia Penal, entre otros, para que revisen los expedientes relacionados con medidas de seguridad.
Conforme la legislación guatemalteca, las medidas de seguridad son un mecanismo especial de protección de carácter temporal, prorrogables y de aplicación inmediata en la prevención de limitar a los agresores de hostigar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad o aquellos que se encuentran en particulares circunstancias de vulnerabilidad, con la finalidad de evitar o detener los actos de violencia.
De conformidad con la ley, jueces y juezas deben realizar el seguimiento y revisión de las medidas de seguridad otorgadas con la finalidad de solicitar a donde corresponda o realizar de oficio, según sea el caso, y de esta forma mantener el resguardo de las personas solicitantes.
Según las estadísticas proporcionadas por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ), la Corte Suprema de Justicia, hasta la fecha, ha emitido más de 1,800 medidas de seguridad durante la pandemia.
*Con información de Boris Barrios.
