Una corte de instrucción antimafia de El Salvador ordenó ayer que 133 pandilleros del Barrio 18 enfrenten un juicio por supuestamente perpetrar al menos 12 homicidios, informó el órgano Judicial.
La fuente precisó que estas personas también serán juzgadas por los delitos de organizaciones terroristas, tenencia ilegal de armas de fuego y actos de terrorismo.
Añadió que la corte decretó el “sobreseimiento definitivo” de la causa contra 14 procesados y dictó dos sobreseimientos “provisionales”.
El órgano de Estado apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR) acudirá a un tribunal de apelaciones para revertir dicha decisión.
Añadió que entre los homicidios atribuidos a esta estructura se encuentra el del presidiario Juan Portillo, asesinado en la cárcel de la localidad de Izalco (oeste) en diciembre de 2013.
Las investigaciones de la FGR determinaron que los procesados, del ala Revolucionarios del Barrio 18, previeron que la víctima revelaría información a sus rivales de la facción Sureños.
De igual forma, serán juzgados por el asesinato de Manuel Acosta, ultimado en el penal de San Francisco Gotera (noreste) en 2015 en una purga de la estructura.
En la lista de crímenes atribuidos a estos pandilleros figura el doble asesinato de madre e hijo, de quien sospecharon era “informante” de la Policía Nacional Civil (PNC) porque “luchaba” por ingresar a la estructura.
El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), grupo al que Estados Unidos busca eliminar, el Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen 60 mil miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional.
El Gobierno atribuye a estos grupos criminales los índices de violencia de entre 103 y 50.3 homicidios por cada 100 mil habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que ponen al país como uno de los más violentos del mundo.
Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones. San Salvador, ACAN-EFE
