La certeza de la propiedad de la tierra es importante para los campesinos, pues de ello depende su estabilidad económica, la planificación para el cultivo, cosecha y comercialización de su productos agrícolas. Por ello el gobierno, por medio del Fondo de Tierras (Fontierra), se ha dado a la tarea de entregar títulos y escrituras públicas.
Fontierra fue creado mediante el decreto 24-99, como una entidad descentralizada del Estado con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, instituida “para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural integral”.
Esta institución también tiene la facultad de desarrollar proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que viven en las zona rurales del país, así como administrar los programas de financiamiento orientados a facilitar el acceso a la tierra.
En Petén se ha trabajado con grupos campesinos que demandan tierra y gracias a ello, en Sayaxhé, 84 familias recibirán escrituras públicas, proceso en el que ha trabajado Fontierra, al igual que en La Libertad, donde 28 familias recibirán Q4.3 millones para acceso a la tierra.
A esto se suma el beneficio para 45 familias indígenas y campesinas del municipio de San Luis, que obtendrán títulos de posesión de tierra, culminando así el trámite del gobierno para dar certeza de la propiedad en la que viven y cultivan.
El trabajo de dar certeza sobre las tierras requiere de la coordinación interinstitucional en la que participan el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Registro de la Propiedad, la Superintendencia de Administración Tributaria , el Registro de Información Catastral, La Procuradoría General de la Nación y el Registro Nacional de Personas.
En diciembre del año pasado, el presidente Jimmy Morales entregó 1,043 escrituras de propiedad de la tierra donde habitan a las familias damnificadas en 2005 por la tormenta Stan. Este año se continuará con la entrega de escrituras, porque las familias necesitan tener la certeza espacial y jurídica de su patrimonio.
