Todos los países padecen problemas como la gobernanza, las finanzas, el flujo comercial y las relaciones con otras naciones. Todos buscan su propio bienestar y el de sus habitantes, y en ese trabajo es importante interrelacionarse para compartir experiencias y fuerzas.
Con ese propósito, de ayudar a solucionar problemas, en 1961 se fundó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocida por el nombre que resulta de sus iniciales: OCDE, que agrupa a 36 países miembros y tiene como misión “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”.
En el marco del a Cumbre Iberoamericana que se celebrará mañana y el viernes en la ciudad de Antigua Guatemala, se realizó ayer la actividad llamada OCDE Emnet- Guatemala, Colaboración público-privada hacia la apertura institucional, que presidió el director adjunto de esta organización, Federico Boniglia y el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.
Este encuentro tiene como finalidad fortalecer el diálogo intersectorial, para accionar a favor de un marco legal que ayude a aumentar la inversión en el país, fomentar la competitividad y contribuir con el crecimiento de la región centroamericana.
En julio pasado, el Gobierno de Guatemala solicitó a la OCDE ser miembro activo, solicitud que está pendiente de la evalución que tiene que ver con buena gobernanza, interés por el diálogo con todos los sectores, además de seguir ciertos consejos relacionados con fiscalización, temas laborales y lucha contra la corrupción.
Entre la experiencias de adhesión de países latinoamericanos a la OCDE, se puede resaltar que México se adhirió en 1994, luego en 2007 se inició con Chile y se concretó en 2010, y en 2013 se comenzó a hablar con Colombia y se invitó a Costa Rica. Actualmente, Guatemala y El Salvador han manifetado su interés por ser parte de esta organización internacional.
En 2016 el Consejo de OCDE decidió fortalecer su presencia y relaciones en la región con el Programa Regional para América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivos “apoyar en el avance de una agenda de reformas en tres prioridades claves: aumentar la productividad, promover la inclusión social y fortalecer las instituciones y la gobernanza”.
